Por René Martínez Pineda.
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La sociología de las víctimas que -inspirada en la epistemología de las ausencias y presencias- propongo como un constructo imperativo de los sociólogos salvadoreños, tendría como fin teórico-práctico: sistematizar y superar los sucesos de criminalidad masiva que, lindando con el genocidio horizontal y los crímenes de lesa humanidad, fueron cometido por los testaferros del Estado en el período 1998-2020, partiendo de la premisa de que la condición de víctima no sólo es producto de atentados deliberados contra su integridad, sino también de la narrativa de los victimarios que le dice que, dicha condición, no sólo es inevitable, sino también necesaria, con lo cual la víctima es nuevamente victimizada, o sea que su presencia es convertida en una ausencia histórica, porque el protagonista principal no es ella, sino su victimario, al cual hasta es cubierto por un aura mediática cuando se presenta como estrella de reportajes francamente macabros e infames. No se puede “no olvidar” lo que no es previamente un recuerdo, y eso tiene que ver con la memoria histórica frustrada o ausente.
En tal sentido, la realidad pragmática de la víctima (la cotidianidad de la violencia que le fue impuesta a partir de una conspiración política) se pule y perfecciona en espacios ajenos a ella, tanto en las calles (que son expropiadas por el delincuente y por la empresa privada) como en la narrativa de los victimarios que imponen su visión y protagonismo, hasta el punto de querer normalizarlos (idealizarlos) para que sean vistos como actores necesarios e ineludibles, con lo cual se vuelve a victimizar a la víctima en el plano simbólico y cultural, metiendo sus testimonios en un rincón silencioso, romantizándolos como historias de sobrevivencia que no exigen la desaparición de su atacante, porque este -y sus testaferros dispersos en la política y algunos medios de comunicación- viven de las víctimas, las necesitan para vender más, tener más seguidores del morbo o para captar fondos y premios realmente inmorales.
La víctima, al ser revictimizada simbólicamente en la narrativa del victimario, pierde su identidad sociocultural y su singularidad sufriente, pues no le pertenecen las relaciones sociales cotidianas, ni es suya la práctica social. En este sentido, la víctima de la delincuencia es el punto cardinal de la narrativa de las ausencias, porque tiene un papel subordinado e ineludible, pues el concepto de seguridad pública no la reivindica y, lejos de ello, promueve las condiciones que la tienen en esa condición, lo cual es una decisión política conspirativa que le da forma a la paradoja de la víctima, a la que se le hace creer que necesita del victimario. Al respecto, los mejores ejemplos de esa revictimización se encuentra, tanto en una frase de Sánchez Cerén sobre el problema de la delincuencia: “no me preocupa que los medios de comunicación digan que no hemos hecho nada en la seguridad, porque ningún gobierno ha salido bien en este tema, ya que el país es inseguro desde hace muchas décadas”, como en una de un periodista de El Faro: “las pandillas cumplen un rol social (desgraciadamente) necesario… llenan un hueco que no podido llenar el Estado… si quitas a las pandillas, habría una crisis social, pues cumplen una función social”. La palabra “desgraciadamente” sólo es una coartada.
Las anteriores afirmaciones buscaban (y buscan) normalizar a las pandillas y al pandillero (los victimarios), para seguir viviendo y revictimizando a la víctima, lo que se puede definir como criminalidad narrativa (para que la ausencia de la víctima sea en función de la presencia absoluta del victimario), en tanto reiteración de argumentos comprensivos, de los hechos delictivos, mediante los cuales la narrativa produce y, ante todo reproduce, la victimización en el plano simbólico y cultural, para que tanto las víctimas directas, como las indirectas, se sumerjan en una mala adaptación cultural a la violencia y a quienes la usan. La criminalidad narrativa (línea discursiva que unos medios de comunicación y políticos del pasado han especializado) implica que las víctimas son un objeto constituido a priori, pero sin identidad social, y los victimarios y sus testaferros son el sujeto y el fin último del discurso, y que sobrevive a la institucionalidad a costa de que no lo hagan las víctimas, para lo cual fue necesario que los gobiernos que fueron los cómplices institucionales de la delincuencia, promovieran y defendieran solamente “el debido proceso” para el victimario, razón por la cual, en El Salvador de los años 2000 a 2019, la víctima era un ser social preexistente, o sea que se daba por sentado que debía cumplir ese papel sin protestar, bajo la amenaza del “ver, oír y callar”.
En otras palabras, la criminalidad había adquirido tales dimensiones en el país, que antes de que se diera la condición de víctima, en tiempo real, ya existía claramente delimitada -y adjudicada- la posición social de víctima, tanto en la calle como en la narrativa, bajo el veredicto inapelable que pregonaba: “hay que aprender a vivir con la delincuencia, porque ese problema no se puede resolver”.
