El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que las acciones tomadas por la nueva administración del parlamento a partir del 1 de mayo, no tienen vuelta de hoja, incluyendo la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República.
“No tienen vuelta atrás. Eso fue lo que el pueblo nos pidió”, puntualizó.
La destitución avalada por 64 votos, surgió porque los entonces “magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población”.
Según consideraron, los jueces pusieron a la población “en peligro al no cumplir las medidas que internacionalmente han sido utilizadas”.
Sobre el fiscal general consideraron que tenía “vínculos” con la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que “pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad”.
Luego de la destitución del entonces fiscal, Raúl Melara, los congresistas aprobaron de manera expedita el nombramiento de Rodolfo Antonio Delgado como nuevo jefe del Ministerio Público.
El pleno del legislativo juramentó tanto a Delgado como a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Héctor Nahum Martínez, José Ángel Pérez Chacón, Elsy Dueñas, Luis Javier Suárez Magaña y Oscar Alberto López Jerez.
Esta acción generó el descontento generalizado en la comunidad internacional, especialmente por parte del principal socio de El Salvador, es decir, Estados Unidos.
Ante esto, congresistas de esa nación expresaron su preocupación, por la forma inconsulta en la que se nombró al fiscal y los magistrados de la Sala.
Luego el gobierno norteamericano por medio de su Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), anunció el retiro de la asistencia a dos instituciones gubernamentales.
La entidad indicó en un comunicado de prensa que se trata de la asistencia que da a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“USAID tiene una preocupación profunda con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo” cuando se destituyeron a dichos funcionarios, señaló en la misiva.
La institución añadió que también existen “preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas” y que “en respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones”.
Ante el retiro de los fondos, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo: “Si le pregunta a cualquier salvadoreño en la frontera de los Estados Unidos cuál es la razón por la que huyó de su país, el 99,9% de ellos responderá: 1. Falta de trabajo, 2. Inseguridad. Es muy revelador que USAID eligió dejar de financiar … ¡Seguridad! ¿El plan real es crear más inmigración? “.
Otro factor que a alarmado a los estadounidenses, es el guiño que China le ha hecho a Bukele, luego de la destitución de los magistrados y el fiscal.
Asamblea en tema pensiones
Por otra parte, sobre el tema del fondo de pensiones de los salvadoreños, Castro se refirió a que como máximo, finales de este año, se tendrá una propuesta de ley clara, que permita garantizar una pensión justa y digna para la población.
Otro de los temas que versó Castro fue sobre las oenegés que han recibido fondos de la Asamblea Legislativa. Ante esto, el diputado reiteró que la comisión creada para investigar estos recursos no titubeará a la hora de indagar sobre quienes forman parte de cada organización.
“No nos va a temblar la mano, y no importa quien sea, lo vamos a investigar”, destacó.
Según explicó, el Ministerio de Hacienda entregará el listado con las organizaciones que recibieron dinero en los últimos 10 años, y recordó que ayer fueron juramentados los auditores que investigarán el destino final de estos fondos.
Castro explicó también que en el caso de la bancada de Nuevas Ideas, no tendrán asesores asignados a cada diputado, sino un grupo que apoyará a toda la fracción por igual.
