El Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), entregó este lunes a la Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán, dos bienes inmuebles incautados y extinguidos del caso “Sonia la millonaria”.
En total, los inmuebles entregados por el CONAB a la PNC están valorados en más de $247 mil dólares, y serán utilizados por el personal del área de investigaciones en todo el departamento.
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El 16 de febrero de 2017, el Juzgado de Extinción de Dominio decretó la extinción de tres bienes inmuebles que estaban a nombre de Sonia del Carmen Morales de Mendoza, capturada en diciembre de 2014, quien era una ama de casa en el cantón Las Chinamas, de Ahuchapán, y que, según un proceso judicial, se encontró culpable de lavar más de $20 millones.
Morales de Mendoza es la madre de Josué Alexander Guevara Morales, alias “Chande”, quien actualmente cumple una condena de siete años de prisión por el delito de tráfico de personas.
La entrega de los bienes inmuebles extinguidos tiene como finalidad fortalecer a la PNC de la localidad para hacer un combate más efectivo al crimen organizado.
El CONAB también ha realizado varios decomisos de inmuebles en casos emblemáticos como el de los expresidentes salvadoreños: Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, vinculados a escandalosos y millonarios actos de corrupción.
En el caso Flores, en junio de 2016 la Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de incautación de bienes del fallecido exmandatario. Sin embargo, en abril de este año fue exonerado de la acusación de apropiarse de $15 millones en donativos provenientes de China Taiwán. En la resolución, también se liberó a la familia de devolver ese dinero.
En cuanto al caso Saca, la FGR ha incautado varias propiedades entre la que destacan “la mansión Saca”, un lujoso inmueble que actualmente es administrado por el CONAB, y que podría pasar a ser parte del Estado, y entregado a un asilo de ancianos, tal y como lo ha sugerido la Fiscalía.
Y sobre el caso Funes, hay inmuebles y propiedades incautadas tanto al exmandatario como a algunos de sus allegados, que posiblemente pase a manos del Estado y éste los pueda poner a disposición de cualquier entidad pública al servicio de la población, pese a que el caso Funes continúa en proceso.
