En torno a los “pactos” (conocidos) con las pandillas (II)

3)            Precisamente, era la zozobra generada por las pandillas –y su propensión a los homicidios— lo que se quiso corregir en ese momento, con un mecanismo que quizás no era el mejor, pero que ofrecí­a una solución inmediata a un problema que afectaba la vida de la gente.

4)            En ese momento, habí­a un marco de ideas sobre la seguridad en el que el ataque frontal (represivo) al accionar criminal de las pandillas no era fácil de aceptar. En ese marco, la prevención, la reinserción, la apertura y la buena voluntad eran, entre otros, los criterios para contener el fenómeno de las pandillas o maras. No estaba afianzada su identificación como criminales peligrosos, que debí­an ser contenidos por el Estado en virtud de su derecho al uso de la fuerza para salvaguardar la vida y bienes de las familias salvadoreñas.

5) Ese marco de ideas dio pie, también, a realizar encuentros, conversaciones y acuerdos con los lí­deres de pandillas, los cuales no se consideraban ilegales, sino necesarios para disminuir su accionar delictivo y favorecer su integración social. Instituciones de distinta naturaleza, especialmente religiosas y educativas (cabe destacar, aquí­, los esfuerzos de la UCA en algunos acercamientos entre las pandillas mucho antes de 2009), fueron parte de estas experiencias. De alguna manera, la tregua se inscribe en ese contexto, pero también el acercamiento de ARENA a las pandillas, con fines polí­ticos.

Lo cuestionable en este último caso –y fue lo que movió a la opinión pública cuando se hizo público el pacto entre este partido y las pandillas— fue que se estuvieran negociando cargos públicos a conveniencia de estas últimas, e incluso la sospecha que se hubiera negociado un sabotaje al gobierno a través de un accionar más agresivo de las pandillas. Es eso lo que generó malestar, y no que ARENA se reuniera con las pandillas o pidiera su apoyo electoral, con el agravante de que este partido siempre ha proclamado un discurso antipandillas sumamente agresivo, incluso mucho antes de que las pandillas tuvieran la naturaleza criminal que tienen en estos momentos. Y, en la actualidad, son los niveles delictivos alcanzados por las pandillas los que han llevado a considerar un delito tener cualquier tipo de ví­nculo (o, siendo algo grave, realizar pactos) con las mismas.

En tiempos anteriores a la presente gestión de gobierno, las conversaciones y diálogos con las pandillas se habí­an convertido en algo aceptable, más allá de lo que estableciera la legislación vigente. De alguna manera, eso abrió la posibilidad de pactar o buscar acuerdos con ellas, en un principio para su reinserción o, cuando menos, la reducción de su accionar delictivo, y después con fines polí­ticos. Sin embargo, hoy por hoy, ni los acercamientos ni los pactos están permitidos, tal como se desprende de la decisión presidencial de perseguir con determinación a esos grupos criminales.

 En fin, más allá de las consideraciones anteriores, el asunto es que tenemos dos pactos con las pandillas en los que se, de alguna manera, se hayan involucrados actores institucionales. ARENA dice apoyar y exhortar a la Fiscalí­a General de la República para que profundice sus investigaciones sobre la tregua hasta determinar responsabilidades en todos los niveles. Eso vale también para su propio pacto con las pandillas. Dice ARENA que el FMLN no debe asumir ignorancia sobre la tregua; eso vale también para ARENA, que no debe asumir ignorancia sobre su propio pacto.  

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Un dí­a después de redactada la reflexión anterior, el Periódico Digital El Faro publicó la nota “El FMLN hizo alianzas con las pandillas para la elección presidencial de 2014”, en la cual se revela una conversación entre el actual Ministro de Gobernación, Aristides Valencia, y representantes de pandillas, con el fin de llegar a acuerdos en torno al apoyo electoral de estas últimas, “al menos –como dice la nota de El Faro— para la primera ronda electoral de los comicios de 2014”.  Al respecto cabe decir, en sintoní­a con la argumentación de más arriba, que son las autoridades las que deberán pronunciarse al respecto, siguiendo –si procede— las investigaciones correspondientes en cada situación en particular, porque cabe sospechar que se trata de acercamientos (o pactos) de naturaleza distinta, en sus alcances e implicaciones sociales, polí­ticas e institucionales.

Asimismo, cabe decir que los juicios del segundo comunicado de ARENA –fechado el 7 de mayo de 2016–, en el que pide la interpelación del Ministro de Gobernación, Aristides Valencia; la destitución del General David Munguí­a Payés; y la investigación del ex presidente Mauricio Funes, se aplican a ese mismo partido, pues si el FMLN “pactó con criminales”, lo mismo hizo ARENA, y en esa lí­nea los acuerdos de ese partido de derecha con las pandillas estaban encaminados a debilitar al Estado y a “intimidar a los ciudadanos y debilitar su seguridad”.

Así­ las cosas, cuando ARENA pide a la Fiscalí­a General de la República, en este segundo comunicado, “dar prioridad total a la investigación de estos hechos”, quizás pasa por alto que sus dirigentes también deben estar en la mira de la investigación fiscal, pues fueron partí­cipes y gestores de acuerdos con pandillas.

Y es que, en efecto, es la Fiscalí­a General de la República la que debe determinar en qué medida esos acercamientos y acuerdos (o pactos) constituyen (o no) un delito; y son los tribunales los que habrán de concluir, con la absolución o la condena, el proceso iniciado por la Fiscalí­a. Cabe esperar que las instancias judiciales cumplan con su responsabilidad, siguiendo los procedimientos legales establecidos en este conjunto de hechos, en los cuales hay que tener el tino para hacer cumplir la ley como de debido.