La Asociación Pro-Búsqueda exige que la Asamblea Legislativa cumpla con sus obligaciones constitucionales y que analice la “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional” que presentaron, en octubre del 2021, las víctimas del Conflicto Armado y organizaciones que las representan.
En el marco de su 28 aniversario, piden que tanto la FGR como el Órgano Judicial se dediquen a investigar, individualizar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad para encontrar la verdad, la justicia y la reparación.
Pro-Búsqueda fue fundada en 1994, y se ha dedicado a investigar casos de niñas y niños desaparecidos o separados involuntariamente de sus familias durante la guerra en El Salvador.
La organización declaró que a lo largo de estos años han registrado 1,031 casos de niños y niñas desaparecidas, de los cuales han resuelto 463, logrando el reencuentro de 287 familias. Sin embargo, 87 niñas y niños han sido localizados como fallecidos. Mientras que, 568 casos aún permanecen en búsqueda.
La Asociación señaló que han enfrentado diferentes obstáculos durante su afán de contribuir a la reconciliación de la sociedad, tales como la impunidad y la ausencia de reparación, denegación de justicia, silencio y negligencia de las instituciones involucradas en la guerra.
Asimismo, “la falta de voluntad del Órgano Legislativo para aprobar una Ley de Justicia Transicional acorde a la sentencia de constitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016”, manifestó Pro-Búsqueda a través de un comunicado.
De igual manera, denunciaron la negación por brindar atención adecuada a las víctimas del Conflicto Armado, los ataques directos por parte de funcionarios públicos y particulares, “quienes han malinterpretado o politizado la labor desarrollada en esta asociación”.
Otra petición de Pro-Búsqueda es para el Órgano Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Defensa, le exigen acatar las sentencias emanadas de la Sala y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de poner a disposición el acceso público, técnico y sistematizado a los archivos que contengan información útil y relevante para la investigación de casos.
“Este gobierno y los anteriores han bloqueado de manera sistemática el acceso a cualquier archivo militar. El Gobierno actual especialmente lo ha hecho con una orden dada desde el Ejecutivo y el Ministerio de Defensa sobrepasando por encima de una orden judicial”, dijo el presidente de la organización, Eduardo García, durante una conferencia de prensa.
Por otra parte, Pro-Búsqueda demanda la aplicación del debido proceso, la dignidad, el principio de inocencia y el derecho a la libertad individual, por parte de las instancias judiciales y policiales. Además, condena las supuestas violaciones a los derechos humanos y la suspensión de garantías constitucionales en el régimen de excepción.
“Toda acción que busque combatir el crimen debe ser robustecida con la capacidad investigativa que permita la imputación requerida, la individualización y la sanción acorde al daño causado (…) Garantizado no repetir prácticas arbitrarias que hagan aparecer las sombras de nuestro pasado”, manifestó.
