A pocos días del 25 de noviembre, Día internacional de la no violencia hacia las mujeres, el cual fue seleccionada por las feministas, como acuerdo del primer Encuentro Feminista en 1981, por ser esta la fecha en que las hermanas Mirabal (Minerva, María Teresa y Patria Mercedes) fueron torturadas y asesinadas por la dictadura del General Trujillo, en República Dominicana. Al cabo de 18 años, en 1999, se da una Resolución de Naciones Unidas que lo declara "Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres".
Otros hechos importantes han ocurrido: en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW; en donde se contempla la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
También desde la OEA en 1994 se aprobó la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer", conocida como Convención de Belem do Pará, en donde se da el reconocimiento que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, la cual ofende la dignidad humana y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones.
Desde la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Beijing, 1995, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas necesarias para dar cumplimiento a los mencionados acuerdos.
Muchos países han elaborado leyes como respuesta al cumplimiento de dichos compromisos internacionales para regular situaciones de discriminación contra las mujeres que generan violencia. El Salvador cuenta con las Leyes de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres y la Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres.
Sin embargo el significado que tiene el proceso de erradicar la discriminación de las mujeres para lograr una vida libre de violencia en una sociedad patriarcal con más de dos mil años instalada y asumida como natural, por lo tanto “Normal”, es garrafal.
Tan se considera “Normal” que cuando una mujer decide ejercer su derecho a la participación política, no resulte extraño lo vivido en las elecciones de Estados Unidos por parte del candidato republicano y sus expresiones, ya conocidas, sexistas y misóginas frente a su contendiente: Hillary Clinton.
Comentarios como los expresados por Donald Trump, hacia la candidata demócrata, y todas las mujeres en general, no forma parte de su originalidad de gringo machista, sino más bien es la manera vulgar y común de referirse a las mujeres, cuando un macho siente amenazado en su masculinidad y poder.
Isabel Turrent, en un recién artículo[1], señala que “los insultos y las descalificaciones que ha recibido Hillary Clinton son apenas un pálido reflejo de los que acompañaron a Margaret Thatcher durante su largo gobierno. Fueron tantos, que el mito de la “malvada” Thatcher aun persiste”.
O lo que ha sacado a flote, un estudio publicado por de la Unión Interparlamentaria, el cual asegura que las mujeres parlamentarias sufren episodios de sexismo, acoso y violencia que alcanzan un nivel "preocupante", a tal grado que la igualdad entre hombres y mujeres no será posible hasta dentro de 170 años.
Si vemos el comportamiento de nuestros políticos, no quedamos exentos de haber presenciado comportamientos sexistas y misóginos en relación a sus colegas, solo un ejemplo, el caso recién pasado de una campaña que este corte se lanzo en contra de una diputada del partido ARENA alrededor de descalificarla y desprestigiarla con unas fotografías que circularon por las redes sociales.
Francamente en todo y cada uno de nuestros países se encuentran casos de sexismo y misoginia frente a aquellas mujeres que simplemente han querido ejercer un derecho establecido por la Constitución de la Republica; lo cual lleva a instar a quien compete la formulación, diseño y a la aplicación de políticas y mecanismos sólidos que impidan este tipo de comportamientos.
