Preocupadas están las organizaciones ambientalistas por la promoción y educación sobre la minería que la fundación “El Dorado”, el rostro de la responsabilidad social de la empresa Oceana Gold (antes Pacific Rim) realiza en Cabañas, según ellos, para impulsar un acercamiento político y obtener una correlación legislativa que les permita a futuro derogar la Ley contra la Minería aprobada en marzo pasado.
“El único objetivo que lleva es seguir incidiendo haciendo lobby en instituciones de gobierno y en la misma Asamblea Legislativa para que en algún momento proponer derogar dicha ley y eso sería preocupante para los intereses ambientales del país, así también para las comunidades”, dijo Bernardo Belloso, miembro de la Mesa Frente a la Minería Metálica y de la Asociación para el desarrollo de El Salvador (CRIPDES)
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Oceana Gold, una empresa de origen coreano compró acciones por $10.2 millones de dólares de la canadiense Pacific Rim en octubre de 2013 tras su quiebra. La empresa canadiense es la que había iniciado la exploración minera en Cabañas, suspendida en 2009 por el gobierno del expresidente, Elías Antonio Saca. Esa suspensión derivó en una demanda de más de $300 millones de dólares contra el Estado salvadoreño; una demanda que retomó Oceana Gold y que perdió ante El Salvador en octubre de 2016.
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De acuerdo con miembros CRIPDES, la fundación “El Dorado” ha cambiado sus estatutos y hace campañas de educación y promoción de la minería, una acción industrial prohibida por El Salvador por ley desde marzo de este año.
Conferencia de prensa CRIPDES-ADES. Foto/Alfredo Carías
Las ONG añaden que Oceana Gold, previo a la prohibición de la exploración minera, prometió a comunidades de Cabañas, entre 400 y 700 empleos, así como de $20 a $25 millones de dólares anuales de inversión durante 20 años, invertido en la comunidad por medio de salarios, subcontratación de negocios y empresas locales.
“Se avecina una nueva elección y tenemos temor que la empresa pueda usar ese momento político del país a su favor”, expresa Belloso.
Asimismo, mostraron su preocupación también por el drenaje ácido en el río San Sebastián en Santa Rosa de Lima, La Unión, a causa de pasadas extracciones mineras, y señalan que Commerce Group, la empresa responsable de ello, “ha desaparecido” por lo que no se encuentra a quién poner la demanda.
“Lo más recomendable sería que el Estado le expropie las tierras a Commerce Group y poner todo un proyecto de recuperación de esas tierras para poderla poner en función del desarrollo de las mismas comunidades afectadas”, concluye Bernardo.
Esta preocupación se suma a la que desde hace unos días manifestaron miembros de la Mesa antiminería, sobre el acercamiento de Frank Giustra, el magnate canadiense vinculado a la extinta Pacific Rim quien en 2015 vino a El Salvador a invertir en la Fundación Calleja y su programa “Cultivando oportunidades”.
Esa inversión sirvió para que Carlos Calleja, presidente de la fundación, apareciera en el mapa político a solo dos años de lanzar su precandidatura a la Presidencia de El Salvador por el partido ARENA. No obstante, esa inversión de Giustra es copia de modelos usados en otros países en los que desde la responsabilidad social, se ha hecho de permisos para explotación minera.
