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martes, 26 de octubre del 2021

“Empresa minera sigue haciendo lobby para derogar Ley Antiminerí­a”

ONG ambientalista teme que aproveche temporada electoral para sus beneficios empresariales a costa del medio ambiente

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Preocupadas están las organizaciones ambientalistas por la promoción y educación sobre la minerí­a que la fundación “El Dorado”, el rostro de la responsabilidad social de la empresa Oceana Gold (antes Pacific Rim) realiza en Cabañas, según ellos, para impulsar un acercamiento polí­tico y obtener una correlación legislativa que les permita a futuro derogar la Ley contra la Minerí­a aprobada en marzo pasado.

“El único objetivo que lleva es seguir incidiendo haciendo lobby en instituciones de gobierno y en la misma Asamblea Legislativa para que en algún momento proponer derogar dicha ley y eso serí­a preocupante para los intereses ambientales del paí­s, así­ también para las comunidades”, dijo Bernardo Belloso, miembro de la Mesa Frente a la Minerí­a Metálica y de la Asociación para el desarrollo de El Salvador (CRIPDES) 

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Oceana Gold, una empresa de origen coreano compró acciones por $10.2 millones de dólares de la canadiense Pacific Rim en octubre de 2013 tras su quiebra. La empresa canadiense es la que habí­a iniciado la exploración minera en Cabañas, suspendida en 2009 por el gobierno del expresidente, Elí­as Antonio Saca. Esa suspensión derivó en una demanda de más de $300 millones de dólares contra el Estado salvadoreño; una demanda que retomó Oceana Gold y que perdió ante El Salvador en octubre de 2016.

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De acuerdo con miembros CRIPDES, la fundación “El Dorado” ha cambiado sus estatutos y hace campañas de educación y promoción de la minerí­a, una acción industrial prohibida por El Salvador por ley desde marzo de este año.

La imagen puede contener: 4 personas, personas sentadas y mesa

Conferencia de prensa CRIPDES-ADES. Foto/Alfredo Carí­as

Las ONG añaden que Oceana Gold, previo a la prohibición de la exploración minera, prometió a comunidades de Cabañas, entre 400 y 700 empleos, así­ como de $20 a $25 millones de dólares anuales de inversión durante 20 años, invertido en la comunidad por medio de salarios, subcontratación de negocios y empresas locales.

“Se avecina una nueva elección y tenemos temor que la empresa pueda usar ese momento polí­tico del paí­s a su favor”, expresa Belloso.

Asimismo, mostraron su preocupación también por el drenaje ácido en el rí­o San Sebastián en Santa Rosa de Lima, La Unión, a causa de pasadas extracciones mineras, y señalan que Commerce Group, la empresa responsable de ello, “ha desaparecido” por lo que no se encuentra a quién poner la demanda.

“Lo más recomendable serí­a que el Estado le expropie las tierras a Commerce Group y poner todo un proyecto de recuperación de esas tierras para poderla poner en función del desarrollo de las mismas comunidades afectadas”, concluye Bernardo.

Esta preocupación se suma a la que desde hace unos dí­as manifestaron miembros de la Mesa antiminerí­a, sobre el acercamiento de Frank Giustra, el magnate canadiense vinculado a la extinta Pacific Rim quien en 2015 vino a El Salvador a invertir en la Fundación Calleja y su programa “Cultivando oportunidades”.

Esa inversión sirvió para que Carlos Calleja, presidente de la fundación, apareciera en el mapa polí­tico a solo dos años de lanzar su precandidatura a la Presidencia de El Salvador por el partido ARENA. No obstante, esa inversión de Giustra es copia de modelos usados en otros paí­ses en los que desde la responsabilidad social, se ha hecho de permisos para explotación minera.

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Mario Beltrán
Periodista sección PolÃítica en ContraPunto. Graduado de Comunicaciones en Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
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