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sábado, 27 de noviembre del 2021

Embajada de EEUU: hay indicios de ejecuciones extrajudiciales

Analistas afirman que las ejecuciones extrajudiciales son producto de la impunidad que reina en el paí­s

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La Embajada de Estados Unidos en El Salvador alertó sobre los indicios que podrí­an demostrar el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales y uso indebido de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en el paí­s contra miembros de estructuras delincuenciales. La información fue dada a conocer en el “Informe de Derechos Humanos de 2016” presentado por el organismo a inicios de esta semana.

La Embajada, preocupada por la ola de asesinatos y violaciones a derechos humanos, sostuvo que el clima de violencia se vio fortalecido por una corrupción generalizada, deficiencias en el poder judicial y las fuerzas del orden “que contribuyeron a altos niveles de impunidad”.

Lea: ¿Resurgieron grupos de exterminio?

En 2016, la Fiscalí­a General de la República (FGR) junto a la Policí­a Nacional Civil (PNC) lograron desarticular a dos “grupos de exterminio”, los cuales tení­an como objetivo principal masacrar a supuestos pandilleros. Algunos cadáveres eran encontrados con mensajes que advertí­an la existencia de dichos grupos.

Uno de los hechos graves de ejecuciones extrajudiciales en el paí­s fue el caso de la Finca San Blas. En ese lugar, el 26 de marzo de 2015, miembros del Grupo de Reacción de la Policí­a (GRP) informaron sobre un presunto intercambio de disparos con delincuentes, en los que resultaron fallecidas ocho personas.

Sin embargo, la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunció que el hecho podrí­a deberse a una ejecución extrajudicial, en el que también “fue asesinado” un joven “que no tení­a nada que ver con pandillas”.

Lea: Pandilleros, blanco de exterminadores.

No obstante, la PNC negó que se tratara de una ejecución extrajudicial y los policí­as fueron puestos a la orden del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, quien les otorgó medidas sustitutivas.

Ante la presencia de grupos que cometen ejecuciones extrajudiciales, el abogado del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Benjamí­n Cuéllar, dijo recientemente que estos deben entenderse como grupos armados, que violando la Constitución, se dedican al desarrollo de actividades criminales.

“Asesinan y desaparecen a personas consideradas enemigas, traidoras, lastres o simplemente, población sobrante, con la probable complicidad o participación directa de agentes estatales y su operatividad resulta favorecida por la impunidad que reina en el paí­s”.

Por su parte, Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, dijo recientemente que la mayorí­a de las ví­ctimas de homicidios en el paí­s son pandilleros.

Lea: Confirman existencia de grupo de exterminio.

“Yo me atreverí­a a decir que un porcentaje importante de los muertos, generalmente presuntos pandilleros, no están siendo investigados y están muriendo con patrones de ejecución extrajudicial, y este parece ser mayor que después de la finalización del conflicto armado”, dijo Aguilar.

En 2015 El Salvador se convirtió en el paí­s más violento de Centroamérica, registró una tasa de 104 homicidios por cada 100 mil habitantes, desde entonces el paí­s sigue infectado con una epidemia de inseguridad, que en su mayorí­a arrebata la vida de jóvenes ligados a organizaciones criminales, según declaraciones oficiales.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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