La Embajada de Estados Unidos en El Salvador alertó sobre los indicios que podrían demostrar el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales y uso indebido de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en el país contra miembros de estructuras delincuenciales. La información fue dada a conocer en el “Informe de Derechos Humanos de 2016” presentado por el organismo a inicios de esta semana.
La Embajada, preocupada por la ola de asesinatos y violaciones a derechos humanos, sostuvo que el clima de violencia se vio fortalecido por una corrupción generalizada, deficiencias en el poder judicial y las fuerzas del orden “que contribuyeron a altos niveles de impunidad”.
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En 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) junto a la Policía Nacional Civil (PNC) lograron desarticular a dos “grupos de exterminio”, los cuales tenían como objetivo principal masacrar a supuestos pandilleros. Algunos cadáveres eran encontrados con mensajes que advertían la existencia de dichos grupos.
Uno de los hechos graves de ejecuciones extrajudiciales en el país fue el caso de la Finca San Blas. En ese lugar, el 26 de marzo de 2015, miembros del Grupo de Reacción de la Policía (GRP) informaron sobre un presunto intercambio de disparos con delincuentes, en los que resultaron fallecidas ocho personas.
Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunció que el hecho podría deberse a una ejecución extrajudicial, en el que también “fue asesinado” un joven “que no tenía nada que ver con pandillas”.
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No obstante, la PNC negó que se tratara de una ejecución extrajudicial y los policías fueron puestos a la orden del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, quien les otorgó medidas sustitutivas.
Ante la presencia de grupos que cometen ejecuciones extrajudiciales, el abogado del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Benjamín Cuéllar, dijo recientemente que estos deben entenderse como grupos armados, que violando la Constitución, se dedican al desarrollo de actividades criminales.
“Asesinan y desaparecen a personas consideradas enemigas, traidoras, lastres o simplemente, población sobrante, con la probable complicidad o participación directa de agentes estatales y su operatividad resulta favorecida por la impunidad que reina en el país”.
Por su parte, Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, dijo recientemente que la mayoría de las víctimas de homicidios en el país son pandilleros.
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“Yo me atrevería a decir que un porcentaje importante de los muertos, generalmente presuntos pandilleros, no están siendo investigados y están muriendo con patrones de ejecución extrajudicial, y este parece ser mayor que después de la finalización del conflicto armado”, dijo Aguilar.
En 2015 El Salvador se convirtió en el país más violento de Centroamérica, registró una tasa de 104 homicidios por cada 100 mil habitantes, desde entonces el país sigue infectado con una epidemia de inseguridad, que en su mayoría arrebata la vida de jóvenes ligados a organizaciones criminales, según declaraciones oficiales.
