El fin de la actividad de la Asamblea no es la atención de las víctimas, ni la prevención social de la violencia y el delito. La discusión de los diputados está centrada en la represión de la delincuencia.
La creación de un registro de pandillas está en la fase final en el seno de la comisión de seguridad pública. Tener una lista de delincuentes se vende como un remedio eficaz en los debates parlamentarios: “Al tener certeza de cuántos pandilleros son, se pueden crear políticas públicas, se pueden gestionar recursos para erradicar esta problemática… Tenemos un fenómeno, una enfermedad que se llama pandillas, una peste, y lo mínimo que podemos hacer es tener un instrumento para cuantificarlo” dice el diputado de ARENA Rodrigo ívila.
En el registro se identificaría de manera individual a personas que pertenezcan y/o colaboren con pandillas como “jefes, cabecillas, organizadores, miembros, financistas o colaboradores; se clasificarán los pandilleros según su tipo de actividad ilícita, posesión o empleo de armas de fuego.
Si me pidiesen un deseo, yo pediría que en el próximo año, ante la brutalidad del crimen que nos afecta, se atienda de manera diligente a las personas que sufren: Las víctimas de la violencia y la delincuencia que merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Tienen derecho a una pronta reparación del daño que han sufrido, a una asistencia médica, psicológica, jurídica y material con calidad y calidez por parte del Gobierno.
Me pregunto: ¿Que están esperando los diputados para aprobar medidas para mejorar los procesos de denuncia y tratamiento de las víctimas? ¿Qué esperan que suceda para crear más centros de atención y orientación al público?
Señores diputados: Deben aumentar en el Presupuesto General de la Nación una partida presupuestaria destinada a dotar de recursos financieros a las instituciones de atención a las víctimas para que tengan la infraestructura, y recursos para desarrollar con calidad y calidez los programas de atención a las víctimas de tal manera que tengan la atención física, psicológica y jurídica que se merecen.
El Salvador necesita una Carta de Derechos de las victimas donde quede establecido el derecho de toda persona que sea víctima o testigo de delito a recibir un trato digno por parte de todos los funcionarios y empleados públicos del sistema de justicia y salud
La columna vertebral de la política pública de seguridad no es la represión de la delincuencia. No es cierto que los delitos van a menguar por tener un registro de delincuentes. El eje alrededor del cual debe articularse toda la política de seguridad es la prevención social de la violencia y el delito.
No hay en la Asamblea Legislativa, mayor preocupación por tomar medidas para reducir los factores sociales que generan violencia ni para atender como debe de ser a las víctimas de la delincuencia, No está en el debate legislativo el tema de cuáles podrían ser las acciones para influir en las múltiples causas del delito. Esto tiene que cambiar.
