Más de 50 organizaciones de mujeres a nivel nacional identificaron 10 ejes de acción prioritarios para el desarrollo de las mujeres. La Plataforma de demandas por la igualdad: NADA SOBRE NOSOTRAS, SIN NOSOTRAS fue presentada el 14 de diciembre del 2018. El reto para las cuatro fórmulas presidenciales es incorporar estas demandas en sus planes y propuestas de gobierno electorales y postelectorales.
En el Salvador, la participación social y política constituye un aspecto fundamental de la cultura democrática. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, podemos elegir a las personas que nos representan en los órganos ejecutivo y legislativo, así como en los concejos municipales. El 16 de enero de 1992 marcó también el camino para que los derechos de las mujeres, entre otras demandas, experimentaran una nueva era con la conformación de oenegés que luchan porque la igualdad y la equidad sean reales en nuestro país.
Aunque existen avances con respecto al tema, la deuda sigue siendo histórica en comparación con otros países de América Latina que han logrado mayor representación femenina en cargos públicos y han tenido presidentas -como los casos de las vecinas Nicaragua, Panamá y Costa Rica-; esto ha permitido que las políticas públicas tengan un enfoque transversal que busca la equidad y la igualdad.
La creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) en 1996 es un precedente para el desarrollo de políticas públicas y legislación que busca promover el desarrollo integral de las mujeres y protegerlas ante la violencia de género contra ellas. Sin embargo, tuvieron que pasar 14 años para que El Salvador cumpliera con las convenciones internacionales suscritas al aprobar la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para Las Mujeres (LEIV), y dos más para que entrara en vigencia. Esta tiene como objetivo garantizar los derechos de la mujeres a una vida libre de violencia, por medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad. Mientras que, en marzo de 2011 fue aprobada la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), la cual entró en vigencia en abril del mismo año.
La aprobación de esta legislación es reconocida por las oenegés de mujeres salvadoreñas como importantes avances en materia de igualdad; sin embargo, aún identifican vacíos con respecto a diez ejes de acción prioritarios para el desarrollo de las mujeres: salud sexual y reproductiva, derechos económicos de las mujeres, fortalecimiento de mecanismo de igualdad de género, fortalecimiento de los gobiernos locales desde la articulación con el gobierno central para la territorialización de las políticas de igualdad, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, agua y derechos ambientales, transparencia y anticorrupción, promoción y respeto del estado laico, comunicaciones inclusivas y no sexistas y educación inclusiva.
El cumplimiento de estos ejes depende no solo de la participación de las mujeres en la política sino también de la conciencia y voluntad de las personas tomadoras de decisiones y hacedoras de políticas públicas. Para lograr el avance y cumplimiento de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Social es necesario que el estado salvadoreño trabaje de manera democrática e inclusiva, sólo así se podrá lograr un desarrollo real y avanzar como sociedad. Es por ello que la inclusión de estos diez ejes en la agenda política del próximo gobierno es vital porque impactaría directamente sobre la vida de las mujeres y se lograría trabajar en conjunto como sociedad.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía (EHPM) permite poner en contexto la desigualdad e inequidad en nuestro país. El índice de pobreza como fenómeno multidimensional para el 2017 es mayor sobre todo en las zonas rurales, donde el nivel de pobreza es mucho más alto que en las zonas urbanas. Esta desigualdad se evidencia si analizamos el ingreso promedio mensual de los hogares a nivel nacional: a nivel nacional, el salario promedio mensual fue de $306.66. Para los hombres, el promedio ronda los $330.05 mensuales y para las mujeres $276.60, registrando una diferencia salarial de $53.45 de desventaja para las mujeres.
Por otro lado, la tasa de analfabetismo calculada con la población de 10 años y más, muestra que 576, 300 personas no saben leer ni escribir, lo que representa una tasa de analfabetismo de aproximadamente el 10.5 % a nivel nacional. Por sexo, la tasa de analfabetismo de las mujeres es de 12.2 %; mientras que, para los hombres es del 8.5 %, registrando una brecha de desigualdad de 3.7 puntos porcentuales, siempre en desventaja para las mujeres.
En relación a la Población Económicamente Activa (PEA), definida como la parte de la Población en Edad de Trabajar (PET) que realiza alguna actividad económica u ofrece su fuerza de trabajo al mercado laboral, está constituida por 2,960,788 personas; de este total el 59.3 % es representado por hombres y el 40.7 % por mujeres. Como siempre, las mujeres están en una situación de desigualdad que las expone a distintos tipos y modalidades de violencia.
La problemática de la violencia contra las mujeres es una situación grave para nuestro país. Los datos de enero a agosto del 2018 reportaban 274 feminicidios, siendo las mujeres jóvenes entre 15 a 29 años las principales víctimas. Según el informe sobre hechos de violencia contra las mujeres de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en el trienio 2015-2017, un promedio de 13 mujeres enfrentó diariamente un delito contra su libertad sexual. Según esta fuente, sólo seis de cada 100 mujeres agredidas interpusieron una denuncia o buscaron apoyo. El 46 % de estas denuncias llegaron a la Policía Nacional Civil, 19.2 % a los Juzgados y 15.2 % a la Procuraduría General de la República.
Todas estas problemáticas fueron analizadas en conjunto para establecer los diez ejes que las organizaciones de mujeres están pidiendo incluir en la agenda política del próximo gobierno. Para Angélica Rivas, integrante del equipo de coordinación de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Plataforma de demandas por la igualdad es una herramienta para la construcción del programa de gobierno del candidato que resulte ganador. Es por ello por lo que el documento se ha presentado a las cuatro fórmulas presidenciales, con el propósito de contribuir a que las propuestas respondan a las necesidades estratégicas de las mujeres y esto permita como país avanzar a favor de los derechos humanos, favoreciendo la igualdad entre mujeres y hombres.
“Las mujeres estamos a la expectativa de las propuestas, por lo que estamos motivando a candidatos a la presidencia y candidatos y candidatas a la vicepresidencia a establecer un compromiso firme a favor de la igualdad de género, que supone un desarrollo en el acceso y garantía de los derechos por las mujeres, por medio de políticas públicas. Para esto es fundamental que la Plataforma de demandas que hemos construido sea retomada”, comentó Rivas.
La abogada explicó que la construcción de la Plataforma surge del trabajo continuo que las organizaciones de mujeres realizan en varios municipios para incidir en los gobiernos locales. Es por esto que conocen las necesidades de las mujeres, por lo tanto tienen la información para el seguimiento de acciones que desde el Órgano Ejecutivo se pueda realizar para que avancen los derechos de las mujeres y primordialmente para que estos avances sean percibidos por las mujeres de forma directa en su vida cotidiana.
Entre los principales retos del próximo partido en el Gobierno está garantizar un acceso igualitario a la educación y salud de calidad, trabajo decente y digno, así como la participación real de mujeres en la toma de decisiones y en el diseño y ejecución de políticas públicas. Solo así se logrará impulsar una economía sostenible en beneficio de toda la sociedad. Para ello, es necesario que las mujeres tengan oportunidades reales de participar en el diseño de políticas y en la toma de decisiones. La participación política de las mujeres es una tarea pendiente para el caso de El Salvador.
La poca participación de mujeres en cargos de elección popular, ya que no todas participan en igualdad de condiciones con respecto a sus pares. Esto se evidencia no solo en la integración de los concejos municipales, de las diputaciones en la Asamblea Legislativa sino también en los nombramientos que hace el Ejecutivo en los cargos ministeriales y en las direcciones de instituciones del Estado. Y que ostenten cargos políticos no es garantía de que tengan incidencia en el diseño y ejecución de políticas públicas. Es por ello por lo que las organizaciones de mujeres consideran que el principal objetivo de la Plataforma es la participación activa de las mujeres en la política y la real incidencia en los temas que las afectan.
