Hace un par de días las organizaciones sociales están advirtiendo un resurgimiento de campañas que buscan convencer a la población sobre la viabilidad de la “minería verde”. Consiste en una no tan nueva propuesta, donde las empresas mineras fundamentan la extracción de las riquezas de la tierra con un procesamiento moderno, que se suponen, tienen menor impacto en el medio ambiente.
Esta propaganda presenta la “minería verde” como una fuente de desarrollo para el país y su población, sin efectos secundarios al medio ambiente y en la salud de las personas. Pero esta afirmación es una mentira, ya que los grandes consorcios se apoderan de la tierra y el agua de los lugares que explotan, llevándose consigo los materiales preciosos y dejando tras de sí, una tierra infértil, además enfermedades y muerte.
En El Salvador sus ambientalistas han realizado incontables luchas, que incluso les han costado la vida para evitar la explotación minera en el país, sobre todo en Cabañas. Sus luchas, juntas con la presión de organizaciones de la sociedad civil y la iglesia católica generó que el 29 de marzo del 2017 se aprobara la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la cual inhabilita la posibilidad de explotación, extracción y procesamiento a cielo abierto o subterráneo en el territorio salvadoreño. Esta Ley, además, prohíbe el uso de químicos tóxicos como el mercurio en cualquier proceso de minería metálica.
Las protestas de las y los ambientalistas, reforzado por un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que sostiene que el país “no está en capacidad para desarrollar la actividad minera” y la aprobación de la Ley, prohibieron las actividades del proyecto minero de la empresa canadiense Pacific Rim, que luego demandaría al Estado salvadoreño por 315 millones de dólares por las pérdidas, al no haber recibido el permiso de explotación de la mina El Dorado, en Cabañas. Luego de siete años de litigio, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió a favor de El Salvador.
Hoy, a un año de la aprobación de esta icónica Ley, las alertas de un cambio de rumbo vuelven a aparecer, las organizaciones civiles, entre ellas la Asociación para el Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES)-ubicada en Cabañas- aseguran que la Minera Torogoz subsidiaria de Oceana Gold Corporation, bajo la cual opera la Fundación El Dorado, siempre se ha mantenido en la zona realizando actividades de “responsabilidad social” en las escuelas y con las personas de las comunidades. Agazapada, esperando el momento de actuar.
Para estas organizaciones un posible resurgimiento de la minería en El Salvador, no solamente representa un peligro para el tejido social, sino para el medio ambiente, que para nuestra legislación actual es un delito.
Por tanto, como sociedad civil es necesario estar vigilantes para que estas actividades no sean promulgada y mucho menos una realidad. Al Ministerio de Economía como ente rector de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en conjunto con el MARN, debe proceder al cese de cualquier acción de reactivar la explotación minera y a la nueva Asamblea Legislativa, que tomará pronto posesión, recordarle que El Salvador le dijo No a la minería metálica, que nuestro país vale más que el oro.
