Entre enero de 2017 y abril de 2018, tres periodistas han sido asesinados en El Salvador, y se han reportado más de 150 despidos en diferentes medios de comunicación según lo reveló este jueves un informe sobre libertad de prensa de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa establecido cada 3 de mayo por las Naciones Unidas.
La APES advierte que en los últimos años de registra un aumento de las condiciones de inseguridad y de violencia en el país, y que esta situación vulnera las garantías del respeto de los derechos de los comunicadores.
Los periodistas asesinados son: Roxana Contreras, una expresentadora de noticias de canal 29 de Apopa, asesinada el pasado 22 de agosto sobre la calle antigua a Nejapa, en la entrada de la colonia San Sebastián 1, Apopa, mientras se ejercitaba físicamente.
El segundo caso es el del camarógrafo de Grupo Megavisión, Samuel Rivas, asesinado en noviembre pasado en Ilopango. El tercer caso es más reciente: se trata de la periodista de LPG, Karla Turcios, asesinada presuntamente a manos de su compañero de vida, Mario Huezo, quien ya enfrenta un proceso judicial por el delito de feminicidio agravado.
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“Este informe no se construye de un día para otros, sino que se ha construido a diario con la información que los mismos periodistas nos generan y nos ponen en alerta”, dijo la presidenta de la APES, Dalila Arriaza.
La gremial señala que en el caso de despidos injustificados, los motivos que aducen la mayoría de empresas mediáticas son problemas económicos o reestructuración, y en algunos casos a los despedidos no se les ha proporcionado las prestaciones correspondientes.
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“Para la APES es de suma preocupación la precarización laboral en el sector periodístico de los últimos años. Según los casos conocidos por APES, se destacan malas condiciones laborales, retraso de pagos de salarios, horarios laborales de hasta 12 horas al día, labores extenuantes o de alto riesgo, no dotarles de herramientas mínimas de trabajo, entre otras”, expresó Arriaza.
Asimismo, recriminan la vulneración al acceso a la información, principalmente del Órgano Judicial; además, acoso y estigmatización hacia las mujeres periodistas, entre otros señalamientos que a juicio de la ONG, atentan contra el gremio periodístico.
Informaron además que la Mesa de Protección a Periodistas que conforman la APES, la PDDH y otros organismos, ha entablado una mesa de diálogo con autoridades de seguridad, para una política pública de protección a periodistas y profesionales de la información, que permita mejorar los mecanismos de seguridad cuando se desplacen en coberturas de alto riesgo, así como agilizar los procesos de investigación cuando sean víctimas de delitos.
La APES informó además que este mes presentarán una iniciativa de la Ley de Protección para Periodistas ante la Asamblea Legislativa.
