Por Redacción ContraPunto

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para la creación de una ley que contempla la disolución de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), instituciones creadas en 1996, bajo el argumento de evitar la duplicidad de funciones y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.

La propuesta establece que ambas entidades deberán concluir sus operaciones y procesos de cierre y liquidación a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Sus funciones serían asumidas por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, particularmente aquellas relacionadas con el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

Traslado de funciones

De acuerdo con la iniciativa, el ministerio deberá incorporar dentro de su presupuesto los recursos necesarios para garantizar la continuidad del programa, incluyendo la administración y financiamiento de las medidas de protección y atención, así como la coordinación con las instituciones involucradas.

La reorganización busca que los servicios destinados a víctimas y testigos continúen sin interrupciones durante el proceso de desaparición institucional de la UTE. El ministerio también asumiría las demás obligaciones establecidas en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la situación laboral del personal de la UTE. Los empleados considerados necesarios para continuar con la ejecución del programa podrían ser trasladados al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

Quienes no sean incorporados recibirían una indemnización equivalente a una remuneración mensual por cada año de servicio, o por una fracción superior a seis meses, calculada sobre la base de su último salario nominal.

La iniciativa establece límites diferenciados. Para quienes perciban entre $408.80 y $900, la indemnización tendría un máximo de 24 remuneraciones. Para los trabajadores con ingresos de $901 en adelante, el límite sería de 12 remuneraciones.

Los pagos se efectuarían durante los primeros tres meses de 2027, además de los demás derechos laborales que correspondan conforme a la legislación.

Un presupuesto que ha disminuido

La discusión también se centra en los recursos destinados históricamente a la protección de víctimas y testigos.

El presupuesto inicial de la UTE ascendía a aproximadamente $6.5 millones, de los cuales $4.5 millones estaban destinados al programa de protección. Sin embargo, según la información presentada en el proceso legislativo, tras reorganizaciones presupuestarias realizadas dentro del ministerio, los recursos destinados al programa se han reducido a $2.4 millones.

Este cambio plantea la necesidad de garantizar que el traslado de responsabilidades institucionales esté acompañado de los recursos suficientes para mantener las medidas de protección, especialmente para personas que colaboran con investigaciones judiciales y que pueden encontrarse en situaciones de riesgo.

Proceso de liquidación

Durante el período de transición, la Dirección General de la UTE conservaría sus atribuciones administrativas y su representación legal con el objetivo de atender las obligaciones pendientes y completar los procedimientos necesarios para el cierre.

También se contempla la creación de un Comité de Liquidación, integrado por personal de la institución, que tendrá entre sus responsabilidades elaborar inventarios, organizar los archivos, liquidar bienes y transferir recursos, contratos y obligaciones.

El proceso contaría además con el acompañamiento de representantes del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

El presupuesto asignado a la UTE durante el ejercicio fiscal 2026 se utilizaría para atender las obligaciones pendientes y cubrir los gastos derivados de la liquidación.

La iniciativa representa una reorganización institucional de un sector creado hace tres décadas. Su principal desafío será garantizar que la eliminación de estructuras administrativas no implique una interrupción de la protección a víctimas y testigos ni una reducción de las capacidades necesarias para atender a personas que participan o colaboran en procesos judiciales.

Comisión Política avala elección de nuevos integrantes del CNJ

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para avanzar hacia la elección de los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), correspondiente al período 2026-2031, luego de concluir las entrevistas a los profesionales postulantes.

Durante siete jornadas de trabajo, iniciadas el pasado 31 de agosto, los diputados entrevistaron a 41 aspirantes, de los 42 inicialmente considerados, debido al retiro de uno de los candidatos propuestos por el Ministerio Público.

El presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Ernesto Castro, informó que con la finalización de las entrevistas concluyó la fase de evaluación. Ahora corresponderá a los diputados proponer ante el pleno a los candidatos que consideren idóneos para ocupar los cargos.

La Asamblea deberá elegir siete consejeros propietarios y siete suplentes. Tres de los propietarios y sus respectivos suplentes serán seleccionados de las ternas propuestas por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), mientras que los otros cuatro espacios corresponden a representantes de la Universidad de El Salvador, universidades privadas, el Ministerio Público y el sector judicial.

Última jornada de entrevistas

En la última sesión fueron entrevistados seis aspirantes de la tercera terna de FEDAES: Alexander Efraín Ticas Navarro, Edwing Armando Zeledón Hernández y Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza, como candidatos a propietarios; y Doris Deysi Castillo de Escobar, Manuel Alexander Guevara Hernández y Fátima Mercedes Martínez de Méndez, como suplentes.

Entre las propuestas expuestas destacaron la modernización de la evaluación judicial, ampliación de la capacitación, uso de tecnología e inteligencia artificial, análisis de datos para reducir la mora judicial y mecanismos de mayor transparencia en la selección de jueces y magistrados.

Doris Castillo, actual consejera propietaria del CNJ, presentó además los avances registrados en selección, capacitación y evaluación judicial. Según expuso, entre 2021 y 2025 fueron realizadas 7,248 evaluaciones a funcionarios judiciales.

Otros postulantes plantearon crear plataformas digitales para verificar requisitos e idoneidad de candidatos, fortalecer la investigación sobre el sistema de justicia y ampliar la capacitación a abogados que ejercen libremente la profesión.

Con el dictamen favorable, el proceso entra ahora en su fase decisiva: la presentación de propuestas ante el pleno legislativo para proceder con la elección de los nuevos consejeros del CNJ.