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sábado, 24 de julio del 2021

El Salvador podrí­a ser condenado por CorteIDH por leyes contra aborto

El encarcelamiento de mujeres tras sufrir abortos espontáneos no premeditados podrí­a dar lugar para que la CIDH sancione al paí­s por penalizar todas las formas de aborto

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La directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, dijo que el Estado salvadoreño se expone a recibir condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al no cambiar su legislación que prohí­be todas las formas de aborto.

La representante explicó que "hay varios casos que están siendo conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)" y que "seguramente van a llegar hasta la CorteIDH".

"El Salvador se expone a condenas de la CorteIDH", subrayó la activista, quien se mostró convencida de que la legislación salvadoreña que prohí­be el aborto viola los derechos humanos de las mujeres.

Añadió que espera "sentencias de la CorteIDH que ordenen a El Salvador cambiar su legislación y medidas de reparación" económicas para las ví­ctimas y "otras que pasan por evitar que estos hechos sigan ocurriendo".

Explicó que la CorteIDH admitió el caso de "Beatriz", el nombre ficticio con el que se conoció a una joven de 22 años, que padecí­a lupus y que pidió a la Corte Suprema de Justicia abortar en 2013.

La joven, quien falleció en 2017, dio a luz mediante cesárea a las 26 semanas de embarazo y cinco horas después de ser extraí­da del vientre de su madre la hija de "Beatriz", que carecí­a de cerebro, murió.

La Corte denegó un recurso de amparo el 28 de mayo de 2013 y un dí­a después de esa decisión, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, dictó medidas provisionales en favor de "Beatriz".

"Nosotros ya presentamos nuestra argumentación. El Estado tuvo la oportunidad de contestar y estamos esperando que (la CIDH) emita un informe de fondo, donde declare, y creemos que así­ será, la responsabilidad internacional de El Salvador", acotó Aguiluz.

El artí­culo 133 del Código Penal salvadoreño establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique un aborto en cualquier condición, pero las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalí­a.

"La legislación salvadoreña viola los derechos humanos de las mujeres en este paí­s y además está comprometiendo la responsabilidad internacional de El Salvador", remarcó Aguiluz.

Recalcó que El Salvador "tiene la obligación de proteger la vida, la integridad personal y la salud de las mujeres, y esta legislación limita cumplir con ese objetivo" y "agrava la situación" de las féminas.

Añadió que esta prohibición de la interrupción del embarazo tiene el "agravante" de afectar principalmente a las mujeres "en mayor vulnerabilidad", es decir, pobres y con baja escolaridad.

"Esta ley no afecta a todas la mujeres por igual, afecta a aquellas que no pueden pagar una atención médica privada para ver resueltos sus problemas de salud", lamentó la miembro de CEJIL.

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití­, Surinam, Andorra y Malta son los únicos paí­ses del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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