Hasta antes de enero de 2016, en El Salvador muy poco se hablaba de actos de corrupción al más alto nivel -a excepción del Caso Flores y los donativos de China (Taiwán)-. El motivo era que la Fiscalía General de la República (FGR), quien tiene el monopolio de la investigación, aún desarrollaba un pasivo rol en la investigación contra presuntos actos deshonestos por parte de funcionarios públicos. Con la elección del actual fiscal general, Douglas Meléndez, muchos vieron una luz en el destape a la corrupción y otros vieron un potencial riesgo en sus intereses político-electorales.
Casos como el de los expresdientes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes sacudieron la opinión pública, pues el último presidente de la era de la derecha y el primero de izquierda debían rendir muchas cuentas a la justicia salvadoreña.
Otros casos como diputados, alcaldes, presidentes de autónomas y exprimeras damas, también hicieron mella en la población quien es reacia al sistema político salvadoreño según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA.
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Sin embargo, también comenzaron a salir argumentos como persecución política e incluso "venganzas" al verse investigados. De acuerdo con Paul Steiner, del movimiento “Democracia Limpia”, el sistema político del país actúa de manera “selectiva” al momento de pronunciarse contra casos de corrupción; y el Gobierno y las instituciones, aún no terminan de concretar acciones que combatan firmemente y con voluntad este flagelo.
“ARENA se jacta de promover una CICIES porque cree que así logrará presionar al FMLN, pero cuando se le presenta la necesidad de que los delitos de corrupción no prescriban y se le aplique el determinante de Orden Público para que puedan ser retroactivos, se niegan a aceptarlo diciendo que la Constitución no lo permite” expresa Steiner.
En cuanto al Gobierno y sus instituciones, expresa, que “el GOES habla pero no cumple en la lucha contra la corrupción. Un ejemplo es que el partido de gobierno y varios funcionarios del Estado, facilitaron el asilo político al expresidente Funes quien es investigado por corrupción. Ese no es el actuar de un Gobierno comprometido con erradicar la corrupción”.
Otro de sus señalamientos es la baja asignación presupuestaria a la FGR, la pasividad de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Tribunal de Ética Gubernamental.
Palabras como enriquecimiento ilícito, peculado (apropiarse indebidamente de bienes del Estado), la triangulación de fondos, entre otras, ya forman parte del vocabulario que estremece a la población que un día creyó en las promesas de campañas de quienes hoy son investigados por corrupción.
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Según Eduardo Escobar, miembro de “Acción Ciudadana”, los partidos políticos no tienen la suficiente voluntad de combatir y hablar de corrupción e impunidad.
“Es porque muchos de los que han estado involucrados en temas de corrupción, son personas que provienen o son afines de los partidos políticos”, expresa.
¿Las elecciones distorsionan el combate a la corrupción?
De acuerdo con Escobar, en este momento los partidos están en un punto en el que no pueden perder votos con decisiones contrarias al tema, y abre la posibilidad que lo anticorrupción se utilice de forma interesada.
“Todos los partidos van a estar en esa lógica y a defender a sus miembros señalados por corrupción, no porque sean inocentes o por aclarar las cosas sino por un tema electoral”, advierte.
Consecuencias
Si bien la FGR da sus primeros pasos en combatir este mal, la falta de voluntad política que señalan ambos analistas, podría generar consecuencias negativas en la sociedad como el crecimiento de la pobreza y el descrédito de las instituciones.
“Estos no son nuevos pobres en el país, sino clase media entrando a la pobreza por el estancamiento económico y la crisis fiscal. Todo esto de corrupción y despilfarro tiene consecuencias humanas y eso es lo que la clase política no termina de entender”, dice Steiner.
“Del descrédito de las instituciones como la FGR o la Corte Suprema de Justicia, el hecho de que los partidos cuestionen que es una persecución política la investigación de la corrupción, resultaría el descrédito y la falta de confianza de la ciudadanía”, opina Escobar.
La población deberá continuar expectante al resultado de las investigaciones. Concluyen que la ciudadanía debe estar atenta a los resultados de las investigaciones y a la exigencia de funcionarios llamados incorruptibles.
