El Salvador ganó el litigio a la minera Pacific Rim/Oceana Gold, demanda que había sido interpuesta, en 2009, por la empresa en la que solicitaba que el Estado pagara cerca de 250 millones de dólares como indemnización por no permitirle explotar la mina El Dorado en San Isidro, Cabañas.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Douglas Meléndez, fue quien anunció en conferencia de prensa que El Salvador había ganado el litigio y lo catalogó como “misión cumplida”. Agregó que “es digno de celebrar este resultado, es un paso importante para el país haber salido victoriosos de esta demanda”.
La resolución emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) señala que la empresa minera deberá pagar al Estado salvadoreño ocho millones de dólares.
“Las empresas deben tener claro que no pueden intimidar a los Estados con demandas millonarias como esta. Ahora son ellos los que deben pagar ocho millones de dólares, por todos los gastos en los que nos hicieron incurrir. Y espero que lo hagan lo más pronto posible”, dijo Meléndez.
Según Saúl Baños, abogado y parte de la Mesa Frente a la Minería, la cantidad no es suficiente porque El Salvador gastó en defensa legal en estos siete años cerca de 13 millones de dólares.
“A nosotros nos alegra, estábamos con la expectativa sobre la resolución, estábamos sabedores que la demanda era frívola y además desconfiábamos del CIADI. Este es un gane parcial, pues se pierden más de cinco millones de dórales por la defensa. Ahora esperamos que la empresa pague de manera inmediata”, dijo Baños.
Fue en 2002 que la empresa inició las labores de exploración en la mina después de haber adquirido los permisos, pero ya no recibió la autorización para realizar la explotación. Ya en 2012 el CIADI resolvió que Pacific Rim/Oceana Gold no podía ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) para continuar con la demanda. Sin embargo el proceso legal sí pudo continuar porque la empresa minera se amparó en el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.
El Laudo, según el fiscal, establece que Pacific Rim fue incapaz de refutar la evidencia presentada por El Salvador, y no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería que exige la legislación salvadoreña.
El abogado y ambientalista, Saúl Baños, instó al poder ejecutivo y legislativo para que trabajen en una ley que prohíba la minería en El Salvador y catalogó la resolución del CIADI como una oportunidad para que el Estado salvadoreño “reaccione y decida a favor del medio ambiente”.
“La empresa (minera) debería abandonar El Salvador con todas sus filiales (“¦) ahora hay un escenario propicio para que el Estado tome decisiones como por ejemplo renunciar al CIADI, pues con la pertenencia más demandas de este tipo podría venir para el país”, expresó Baños.
