El Salvador compareció este martes en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por señalamientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por cuerpos de seguridad entre 2015 y 2016.
Abogados del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y del Servicio Social Pasionista (SSP) fueron los representantes de la sociedad civil quienes ante la CIDH expusieron emblemáticos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales como la ejecutada en la Finca San Blas en La Libertad ocurrida en 2015 en la que murieron ocho personas a manos presuntamente del Grupo de Reacción Policial (GRP) y por el que cinco policías están siendo procesados penalmente.
Los abogados del IDHUCA y del SSP señalaron la negligencia policial en la investigación interna de estos casos. Además señalaron que los impuestos que el gobierno recauda para la seguridad pública, menos del 10% va destinado a prevención.
Asimismo señalan la ausencia de psicólogos en la Policía Nacional Civil (PNC) y que las medidas extraordinarias de seguridad que el Gobierno lanzó en abril de 2016, inhabilitan las visitas de reos en centros penitenciarios, y añade más delitos al Código Penal salvadoreño.
También expresaron que las autoridades de seguridad mantienen un confortativo ambiente y un discurso de combate entre PNC y grupos de pandillas. Incluso citaron las palabras de un funcionario de seguridad cuando dijo que si las pandillas no obedecen, se deben preparar para e fuego. También expusieron que el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, exhibe las celdas de máxima seguridad donde encierran a los acusados de matar policías.
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Por su parte el gobierno salvadoreño por medio del viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López admitió que a veces “pueden ocurrir excesos” pero que se trata de actuaciones “personales” y no representan las políticas de seguridad del Gobierno.
Además destacó el constante asesinato de policías que hasta el 2 de septiembre se contabilizaban 23 agentes caídos y un expolicía asesinado.
También destacó que la PNC ha incautado en 2016 2,432 armas de fuego, y que en lo que va de 2017 ya hay 3,043 incautaciones.
Asimismo, dijo que en El Salvador las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley y del respeto a los derechos humanos, son independientes y cuentan con presupuestos y autonomía.
López destacó la independencia de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), así como la diligencia de la Inspectoría General de la PNC que investiga de manera interna.
El IDHUCA presentó el pasado 1 de septiembre detalles sobre una investigación en la que aseguran que de noviembre de 2016 a agosto de 2017, ocurrieron 10 ejecuciones extrajudiciales en el país.
La audiencia de la CIDH busca que este organismo regional de derechos humanos conozca lo que sucede en El Salvador, emita una resolución y dé recomendaciones para no repetir estas acciones.
