Por Redacción ContraPunto
El Gobierno de El Salvador enfrentó este martes una de las fechas más relevantes dentro de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): la publicación de una propuesta de reforma al sistema de pensiones que, según lo pactado con el organismo multilateral, debía ser presentada antes de hoy como parte de los compromisos con el financiamiento suscrito.
¿Qué está en juego?
La obligación de presentar la propuesta responde a compromisos incluidos en el programa económico suscrito entre El Salvador y el FMI, que incluye una serie de benchmarks (hitos estructurales) con plazos específicos. Entre ellos figura la publicación de una reforma pensional para fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema y generar ahorros fiscales, con la asistencia técnica del propio FMI.
La relevancia de este compromiso radica en un estudio actuarial independiente difundido en diciembre de 2025, que determinó que el sistema previsional salvadoreño —tanto en sus componentes público como privado— enfrenta un déficit significativo, estimado en alrededor del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el periodo 2024-2070. Este escenario hace urgente repensar el modelo de financiamiento y los mecanismos de sostenibilidad más allá de las reformas anteriores, que ampliaron beneficios sin resolver desafíos de largo plazo.
Lo que han dicho las autoridades salvadoreñas
Autoridades económicas y Gobierno
Hasta el momento, las autoridades han mantenido un enfoque técnico y centrado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el FMI, sin divulgar públicamente el contenido final de la propuesta de reforma en detalle.
El acuerdo con el FMI y los informes oficiales indican que El Salvador se comprometió, con el apoyo del organismo internacional, a diseñar y publicar esta reforma antes del 10 de febrero de 2026 como parte de la inserción de la asistencia técnica en la política fiscal.
Al cierre de esta edición, no se ha conocido una declaración oficial amplia por parte del Ejecutivo detallando el contenido de la propuesta, sus mecanismos o implicaciones completas para afiliados y jubilados.
Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda, a través de su titular, ha declarado en otras instancias que continúa coordinando con el FMI los aspectos técnicos de la evaluación actuarial base y la propuesta de reforma, aunque sin especificar públicamente el documento final ni sus medidas específicas antes de la fecha límite. El ministro ha dicho que estas acciones se realizan “en conformidad con los tiempos y documentos acordados” con el organismo internacional.
Postura de Casa Presidencial
Hasta la noche del 9 de febrero no hay un pronunciamiento directo y público específico de Casa Presidencial centrado en la reforma pensional con cifras y contenidos de la propuesta. La comunicación oficial del Gobierno ha estado más orientada a enfatizar el cumplimiento de los hitos fiscales pactados con el FMI, sin desglosar el detalle de la reforma o las medidas que se buscarán implementar con su aprobación.
Posición del Fondo Monetario Internacional
El Fondo Monetario Internacional ha señalado, tanto en sus reportes técnicos como en la propia documentación del acuerdo con El Salvador, que el objetivo de la reforma de pensiones es poner el sistema en una base más sólida desde el punto de vista financiero, contener los costos fiscales asociados al sistema previsional e incorporar recomendaciones de asistencia técnica del propio FMI.
En el documento del propio organismo se especifica que la publicación de la propuesta de reforma es uno de los benchmarks estructurales del programa, y que su adopción debe ocurrir en 2026 con una implementación que contribuya a mejorar la sostenibilidad fiscal del país.
Reacciones y perspectivas
Organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes han señalado que la presentación de la propuesta debe ir acompañada de mayor claridad y transparencia, especialmente en torno a su impacto en los derechos de los trabajadores y jubilados, así como en la solidez de las cuentas públicas. Por ejemplo, grupos de observación ciudadana han cuestionado la disponibilidad pública de información que sustente el cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, particularmente en materia previsional.
