El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) dirigido por el recién reelecto, Néstor Castaneda, ya inició con sus acciones controversiales, esto al sobreseer y archivar la denuncia contra Mauricio Arriaza Chicas por desempeñar los cargos de viceministro de Seguridad y director general de la Policía Nacional Civil (PNC).
El TEG determinó que no puede poner en marcha la sanción a Arriaza Chicas, que ya estaba planteada en octubre de 2021, ya que pese a que estuvo nombrado en los dos cargos, no ejecutó las funciones de viceministro, por lo que no existe incompatibilidad de funciones.
Por lo tanto, pasaron por alto la violación el artículo 6 literal d de la Ley de Ética Gubernamental, que indica que se prohíbe a funcionarios “desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos en el sector público que fueren incompatibles entre sí por prohibición expresa de la normativa aplicable, por coincidir en las horas de trabajo o porque vaya en contra de los intereses institucionales”.
En este sentido, el TEG indicó que “sobreséese el presente procedimiento iniciado mediante denuncia contra el señor Mauricio Antonio Arriaza Chicas”, al tiempo que archiva el expediente.
El mismo Tribunal da cuenta de que además de ser director general de la PNC, Arriaza Chicas “fue nombrado viceministro de Seguridad Pública, con carácter ad honórem, el nueve de octubre de vos mil veinte; cargo al que renunció el siete de diciembre de dos mil veinte”. Sin embargo, considera que no ejecutó ese segundo cargo.
La ley establece que el sobreseimiento como forma de terminación anticipada del procedimiento cuando concluido el análisis no se encontró elementos probatorios para proceder a una sanción.
En su resolución, el TEG cita que Arriaza Chicas fue nombrado director de la PNC el 2 de junio de 2019 con un salario de $5,155, un complemento de $100 y un bono trimestral de $400, y fue nombrado viceministro el 9 de octubre de 2020, pero renunció el 7 de diciembre de 2020.
Sin embargo, la institución sostiene que el funcionario no recibió ningún salario por su cargo de viceministro y que “no existen registros de las actividades ejecutadas o misiones oficiales en las que haya intervenido en la calidad aludida”, “no tuvo empleados o personal asignado” y tampoco oficina.
El TEG dijo que “no se perfila la existencia de prueba testimonial pertinente, idónea ni útil” que acrediten que Arriaza Chicas ejerció “de forma paralela” ambos cargos.
La resolución fue emitida el 19 de mayo y publicada por la Oficina Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
