Por Redacción ContraPunto
La aprobación de una reforma a la normativa especial para facilitar el acceso a internet satelital busca ampliar la cobertura de conectividad en las comunidades rurales y sectores aislados de El Salvador, donde las limitaciones de infraestructura continúan representando un desafío para el acceso a los servicios digitales.
De acuerdo con la información publicada por El Diario de Hoy, la reforma contempla ampliar los beneficios fiscales a las conexiones móviles, con el propósito de incentivar la expansión de los servicios de telecomunicaciones hacia comunidades que históricamente han tenido dificultades para acceder a una conexión estable a internet.
La medida también pretende favorecer a lo centros educativos ubicados en zonas rurales, donde la conectividad puede convertirse en una herramienta fundamental para mejorar los procesos de enseñanza, facilitar el acceso a recursos educativos digitales y reducir las desigualdades tecnológicas entre estudiantes de las áreas urbanas y rurales.
Conectividad para las comunidades aisladas
El internet satelital representa una alternativa para aquellos territorios donde la instalación de fibra óptica o de otras redes convencionales resulta costosa o técnicamente complicada. Mediante esta tecnología, es posible proporcionar conexión en lugares alejados de los principales centros urbanos, siempre que existan las condiciones técnicas necesarias.
La ampliación de los incentivos fiscales podría contribuir a reducir algunas barreras para el despliegue de estos servicios y estimular la participación de empresas proveedoras de conectividad. Sin embargo, el impacto de la reforma dependerá de las condiciones de aplicación, los costos que finalmente deban pagar los usuarios y la capacidad de las compañías para llevar sus servicios a las comunidades con menor cobertura.
Uno de los principales desafíos será garantizar que los beneficios no se concentren únicamente en los sectores con mayor capacidad económica, sino que también alcancen a las familias rurales, los pequeños negocios y las escuelas públicas que necesitan conectividad para desarrollar sus actividades.
Concesiones bajo supervisión de la SIGET
Según la información divulgada, las concesiones tendrán plazos establecidos de entre uno y diez años y estarán sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), institución encargada de regular y supervisar aspectos del sector de las telecomunicaciones en el país.
La supervisión será importante para verificar el cumplimiento de las condiciones autorizadas, la calidad de los servicios y las obligaciones correspondientes a los operadores. Asimismo, la transparencia en la asignación de las concesiones y en la aplicación de los incentivos fiscales será un elemento relevante para evaluar los resultados de la medida.
La existencia de beneficios tributarios, por sí sola, no garantiza que la conectividad llegue a las poblaciones más necesitadas. Para alcanzar ese objetivo, será necesario que la expansión de las redes se traduzca en servicios accesibles, con velocidades adecuadas y precios compatibles con los ingresos de las familias.
El reto de reducir la brecha digital
La conectividad se ha convertido en un componente estratégico para el desarrollo económico y social. El acceso a internet permite realizar trámites, buscar empleo, desarrollar emprendimientos, acceder a información y aprovechar plataformas educativas, entre otras actividades que cada vez dependen más de las tecnologías digitales.
En El Salvador, extender estos servicios hacia las zonas rurales puede contribuir a disminuir las diferencias de oportunidades entre las comunidades con infraestructura tecnológica consolidada y aquellas que permanecen al margen de la transformación digital.
No obstante, para determinar el alcance real de la reforma será necesario conocer cuántas comunidades y centros educativos se beneficiarán, qué inversiones realizarán los operadores, cómo se reflejarán las exenciones en las tarifas y cuáles serán los mecanismos de evaluación de los resultados.
La medida abre una oportunidad para avanzar hacia una mayor inclusión digital. El desafío para las autoridades será asegurar que los incentivos concedidos se traduzcan en una mejora concreta del acceso a internet y no únicamente en ventajas para las empresas proveedoras.
