A menos de un mes para que al Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) se le venza la licencia para operar, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) respaldó a estos medios de comunicación y aseguran que esto es un atentado contra la libertad de expresión, de prensa y los intereses jurídicos del país.
Directivas del PRD manifestaron su preocupación e hicieron un llamado a la sociedad civil y a los partidos políticos a hacer un frente para poner un alto a esta intervención de los Estados Unidos (EE.UU.) que viola la soberanía de Panamá.
Pedro Miguel González, del PRD, solicitó a los panameños levantar su voz, ya que han pasado siete meses desde que el empresario Abdul Waked fue incluido en la lista Clinton por supuesto lavado de dinero y aún no ha sido presentada ninguna evidencia.
Para el PRD se trata de una flagrante violación al Derecho Internacional, al debido proceso, y de una medida administrativa unilateral de extraterritorialidad mediante la cual Estados Unidos viola nuestra soberanía y atenta contra los intereses legítimos de nuestro ordenamiento jurídico.
Advierte que desde principios de este año, Panamá ha sido señalada como paraíso fiscal en lo que bien puede considerarse como una agresión a nuestra economía, lo cual está generando una merma al crecimiento económico del país.
González considera que el Gobierno parece trabajar más para EE.UU. que en la defensa de los intereses nacionales, ya que ha sido complaciente y cómplice en esta situación. Demandó a las autoridades aplicar toda la diplomacia para sacar del listado a estos diarios y que no se orillen a venderlos. “˜Esto parece una presión política tanto del Gobierno nacional como de EE.UU.’, argumentó.
El exembajador de Panamá ante los EE.UU. Eduardo Vallarino expresó su descontento al decir que esta administración ha actuado tibia e insuficientemente frente al caso, pues debe tomar acciones fuertes para sacar de la lista a estos medios y que, si no lo hacen, el pueblo tendrá que defender la soberanía.
El PRD, observa con indignación que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) incluya en la llamada Lista Clinton a grupos empresariales panameños sin que medie evidencia alguna.
Se acusa a estos grupos de estar involucrados en lavado de dinero, pero desde el pasado cinco de mayo cuando se hizo el anuncio, ninguna entidad oficial norteamericana ha presentado, ni en Panamá ni en Estados Unidos, una sola prueba que corrobore la existencia del hecho punible.
La medida norteamericana ha forzado la venta de activos bajo el criterio de que “el futuro de esas empresas depende de su dueño”, tal cual lo ha dicho de manera injerente el señor John Feely, embajador de Estados Unidos en Panamá. Esta situación ha violentado los derechos humanos de miles de panameños, tras provocar su desestabilización laboral; afectando la libertad de expresión y atentado contra nuestro patrimonio histórico.
