Está por discutirse la creación de la Guardia Nacional, que de aprobarse implica, más allá de los discursos, la militarización del país. Es formalizar la presencia del Ejército en las calles y dar un paso adelante en la estrategia de seguridad adoptada por los presidentes Calderón y Peña Nieto.
El Plan de Seguridad 2019-2024 que propone el gobierno de López Obrador implica la centralización de la toma de decisiones en el presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El instrumento, para hacer valer su autoridad, es una reunión diaria con el gabinete de seguridad que él preside.
La Secretaria de Seguridad recién creada no opera la estrategia. Esa es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Ella tendría el mando de la Guardia Nacional conformada por soldados y policías. En el plan no queda claro cuál es el papel de las policiales estatales y municipales.
Los efectivos con los que se crea la Guardia Nacional son 35 mil policías militares, 10 mil policías navales y 25 mil policías federales. Habría también, ya lo anunció el presidente, el reclutamiento intensivo de 50 mil militares para incorporarse a la nueva estructura. En tres años ésta debería tener 120 mil efectivos.
No queda claro cómo se lograría esta meta. En los últimos 20 años el Ejército solo pudo reclutar a 39 mil nuevos elementos. ¿Cómo en dos o tres años se puede incorporar a 50 mil? ¿De dónde van a salir? ¿Se van a bajar los requisitos y las exigencias, para ser reclutados?
Ahora en el mundo las policías que antes tuvieron control militar pasan al mando civil. México camina en sentido contrario. Es también una tendencia que las Fuerzas Armadas están bajo mando civil. En México de eso no se habla.
Desde el 2006, por decisión de Calderón, el Ejército salió a las calles a cumplir tareas propias de la policía. Ya son 12 años. La propuesta de López Obrador es dar una vuelta de tuerca a la estrategia desarrollada primero por Calderón y después seguida por Peña Nieto.
El CISEN, ahora con el nombre de CNI, pasa de la Secretaria de Gobernación a la de Seguridad. En la propuesta hay datos que apuntan a que esta nueva estructura asume tareas que antes tuvo la nefasta DGSF. ¿Es la vuelta al pasado?
La política de pacificación que se propone en el plan, que queda muy ambigua, habla de establecer comisiones de la verdad. No se dice cómo van a funcionar y qué se proponen encontrar. Se plantea una amnistía a los criminales, pero no se aclara quiénes serán los beneficiados y bajo qué condiciones.
Otro tema es la legalización de la mariguana recreativa y de la amapola, para fines médicos, pero no hay una propuesta concreta. Es una buena iniciativa, pero hasta ahora es solo discurso. Se menciona también, como parte del plan, la política social y sus programas. Está, en el mejor de los casos, en muy poco o en nada puede modificar la estructura del crimen organizado.
El plan tiene muchos vacíos y plantea muchas preguntas. Lo único claro es que de aprobarse la Guardia Nacional el país se militariza y el Ejército obtiene un poder como nunca lo tuvo después de terminada la Revolución. Está todavía por verse si pasan las reformas a la Constitución, para crear esa nueva figura militar. Es la pieza central del plan y de no ser así habría que replantearlo.
