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martes, 18 de mayo del 2021

El Estado y la violencia contra las mujeres

A pocos dí­as de conmemorar el dí­a internacional y nacional de la mujer, 8 de marzo, las mujeres resienten que el Estado salvadoreño, no asume con responsabilidad erradicar las diversas manifestaciones de violencia en contra de ellas.

Sé que estoy repitiendo algo que muchas veces he dicho, pero es necesario hacerlo insistentemente, y no debemos cansarnos de repetirlo para abonar en la concientización de la sociedad sobre un problema nacional que limita: la democracia, la libertad, la igualdad y otros principios fundacionales y fundamentales que sustentan la República, y que en El Salvador no son aplicables en igualdad para mujeres y hombres.

Y no es que las mujeres estemos esperando que el Estado nos resuelva todo, se trata de que las instituciones públicas asuman con responsabilidad sus funcionen con perspectiva de género lo que implicarí­a que comprendan que la sociedad patriarcal no es equitativa y que el Estado está obligado a tomar todas las medidas necesarias para que a las mujeres no se les violenten sus Derechos Humanos.

Lo anterior está reconocido internacionalmente, en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” que dice en el art. 3 que :”Los Estados Partes tomaran en todas las esferas y en particular en las esferas polí­tica, social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de cráter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres” este instrumento internacional que está aprobado y ratificado por el Estado salvadoreño desde 1981 no deberí­a pasar desapercibido por el funcionariado público de igual forma que las leyes nacionales como : ” Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres” LIE y la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” LEIV por las que las mujeres salvadoreñas hemos luchado y que lamentablemente muchos y muchas funcionarias del Estado desconocen y/ o no la respetan ni la aplican.

Todo el funcionariado del Estado, desde la presidencia hasta las personas de servicio, al momento que asumen en el cargo público deben entender que en el desempeño de sus labores deben respetar lo establecido en las leyes de la República, y no deben confundir sus particulares creencias, gustos, simpatí­as u otras con el respeto y el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y demás leyes vigentes de la República

Mientras los funcionarios del Estado no entiendan lo anterior seguirán sucediendo, actitudes misóginas, injusticias salariales y sociales, violaciones de niñas y mujeres, feminicidios y todo tipo de violencia de género que degrada a cualquier gobierno que aspire a fortalecer el Estado Constitucional de Derecho.

 Sabemos perfectamente que las leyes por si solas no erradican los problemas que regulan, pero son un importante medio institucional para disuadir y reprimir, cuando es necesario, las violaciones a los derechos humanos; es por lo que en el caso de la violencia hacia las mujeres el Estado tiene la obligación de hacer acciones concretas en los diversos ámbitos para erradicarla.

La evidencia social comprueba que actualmente muchos hombres, siguen pensando que las mujeres, como ya lo he dicho en otra ocasión, son para su servicio y complacencia, solo basta ver las noticias diarias que denotan los casos de agresión, en donde los agresores son hombres diversos: periodistas, jornaleros, médicos, magistrados, mareros, pastores, maestros, empleados, sacerdote, polí­ticos, delincuentes comunes etc.

Posiblemente tengan que pasar varias generaciones para que la población en general, comprenda y asuma conscientemente que todas las personas somos seres con dignidad humana y tenemos el mismo valor sin importar las diferencias individuales que la sociedad patriarcal ha utilizado para otorgar menor precio a las mujeres y todo lo que se identifica con ellas, poniéndoles limites incluso en aspectos tan í­ntimos como es su sexualidad y su propio cuerpo.

Las mujeres cuando exigimos nuestros derechos no estamos pidiendo ningún favor a nadie, somos personas con dignidad, con adherencia de derechos y como integrantes esenciales del Estado debemos exigir lo que por derecho nos corresponde: respeto, seguridad y todo lo que conforma la ciudadaní­a.

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