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viernes, 22 de octubre del 2021

El estado de sitio anuncia en Nicaragua

La Policí­a Nacional no tiene ninguna potestad legal para prohibir y reprimir una marcha cí­vica, como la que convocó para este sábado la Unidad Nacional Azul y Blanco

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El jueves pasado, bajo la protesta del movimiento estudiantil, la Alianza Cí­vica se reintegró a las negociaciones con la dictadura, con el nuncio apostólico como testigo, cuando la Organización de Estados Americanos condicionó su participación como garante internacional del Diálogo a la liberación de todos los presos polí­ticos.

Siguiendo el mandato del secretario general de la OEA, Luis Almagro, su enviado especial en Managua, Luis Ángel Rosadilla, demandó al régimen que libere a todos los presos polí­ticos y que presente un cronograma de su liberación, que serí­a negociado con la Alianza este viernes. “Nosotros estamos de acuerdo con un proceso de diálogo, no exactamente como mediadores, pero como garantes de ese proceso”, dijo Almagro, semanas atrás. Y añadió: “Hemos solicitado la liberación de todos los presos polí­ticos porque nosotros no podemos entrar en una negociación en la que tengamos que negociar libertades”.

Sin embargo, este viernes la dictadura agravó la crisis nacional al excarcelar únicamente a cincuenta presos polí­ticos, a los que otorgó el régimen de casa por cárcel, mientras la Policí­a Nacional desató una nueva ola de represión al prohibir una marcha cí­vica convocada para este sábado por la Unidad Nacional Azul y Blanco.

El incumplimiento de Ortega ha provocado un nuevo estancamiento en las negociaciones, y aviva el reclamo nacional en torno a la liberación de todos los presos, que en realidad son rehenes polí­ticos de la dictadura. Mientras que la imposición de un Estado de sitio de facto para impedir que el pueblo pueda manifestarse, está demostrando que el tiempo polí­tico de Ortega y Murillo ha llegado a su punto final.

Lo que el movimiento nacional azul y blanco está demandando, ahora con el pleno respaldo de la comunidad internacional, es el cese de la represión y la persecución polí­tica, y la anulación de todos los juicios polí­ticos, para que no quede un solo rehén en manos de la dictadura. La excarcelación de 162 presos polí­ticos “”50 el viernes y otros 112 el 27 de febrero”” representa una rotunda victoria polí­tica y moral del movimiento autoconvocado. Dentro y fuera de la cárcel, ellos simbolizan la dignidad nacional, el mayor ejemplo de resistencia contra la dictadura, y la derrota de la narrativa oficial del “golpe de Estado” que ya está provocando un creciente desconcierto, aun entre los fanatizados partidarios del régimen. Pero ninguno está libre, y quedan más de 500 presos polí­ticos en las cárceles.

Y la recuperación de la libertad consiste en ejercer plenamente los derechos de reunión, movilización, y libertad de expresión, para que el pueblo autoconvocado pueda manifestarse y promover sus demandas en el Diálogo, sin ser reprimido ni hostigado por la Policí­a y los paramilitares.

La Policí­a Nacional no tiene ninguna potestad legal para prohibir y reprimir una marcha cí­vica, como la que convocó para este sábado la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta prohibición inconstitucional y la imposición de un Estado de militarización a través de la Policí­a, evidencia el colapso de un régimen que no se puede mantener ni un solo dí­a en el poder, sin recurrir al uso de la fuerza y la represión. Ortega y Murillo no tienen voluntad polí­tica para restituir las libertades públicas, porque solo pueden ejercer el poder como dictadores.

No existe término medio entre el derecho a la libertad y el Estado de sitio de facto. A los policí­as que se resisten a reprimir, y a los partidarios del FSLN que se proponen reivindicar el papel del sandinismo en una sociedad democrática, tampoco les conviene la dictadura. En cambio, para Ortega y Murillo, restituir el derecho del pueblo a las calles y a expresarse en plena libertad, equivale a reconocer el fracaso y la inviavilidad de su modelo de Gobierno dictatorial.

En consecuencia, la única posibilidad de que esta negociación entre la Alianza Cí­vica y el Gobierno y el partido Frente Sandinista pueda retomarse con alguna posibilidad de éxito, pasa por la separación del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para facilitar una salida polí­tica y constitucional.

Ante la renuencia de Ortega y Murillo a renunciar, como corresponderí­a a un estadista con algún grado de compromiso con el interés nacional, es imperativo ejercer máxima presión cí­vica nacional y presión diplomática internacional. Con los ciudadanos en las calles, sin represión; con la presión económica de los grandes empresarios, que aún pueden convertirse en actores democráticos; y con la condena de la comunidad internacional, que no puede sentarse a “esperar y ver” el resultado del diálogo, sin ejercer máxima presión ahora. De la presión simultánea de la calle, los empresarios, y la diplomacia, sumado al malestar social que está provocando el agravamiento de la crisis económica y la renuencia de las fuerzas del régimen a continuar reprimiendo, depende el desenlace de las negociaciones. Los plazos, por lo tanto, son polí­ticos, y no se pueden predeterminar para el 28 de marzo, como proclaman los negociadores, ni para el tres de abril, como sugiere el Gobierno de Estados Unidos.

La crisis provocada por las graví­simas violaciones a los derechos humanos, es inseparable de la crisis derivada de la falta de democracia y los fraudes electorales. Por eso, el punto toral de la negociación serán las reformas polí­ticas para convocar a elecciones anticipadas, sin Ortega y sin Murillo, y la investigación a cargo de una Fiscalí­a Especial, de todos los crí­menes de la represión, para sentar las bases de una justicia sin impunidad. También el Ejército de Nicaragua debe asumir su responsabilidad institucional y desarmar a las bandas paramilitares, que deben ser objeto de investigación para que rindan cuenta ante la justicia.

Esa es la única negociación que le puede devolver la paz al paí­s, y establecer un camino de recuperación económica sostenible, con justicia y democracia.

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Carlos Fernando Chamorro
Director de Confidencial de Nicaragua
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