El lunes 23, cuando reinicie la sesión plenaria, que quedó en receso el jueves en la noche, se sabrá si los políticos de una vez por todas condicionan la entrega del subsidio a los propietarios de buses y microbuses que reciben $400 y $200 respectivamente por unidad al mes, o las cosas siguen igual.
Los diputados Carlos Reyes, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), están conscientes que el tema del subsidio al transporte público siempre ha sido complejo.
La Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, fue aprobada en el 2007 y entró en vigencia en enero de 2008; desde entonces se ha venido prorrogando hasta la actualidad.
La normativa nació a raíz de los altos precios de los combustibles, en especial el diésel, el cual llegó a alcanzar precios de hasta $4 por galón en los años 2007 y 2008. Pero esta ley, también tiene como propósito impulsar la eficiencia, productividad y competitividad en dicho sector, lo cual hasta este día, no se ha visto.
Fue el diputado arenero David Reyes, el que abrió la “Caja de Pandora”, cuando en noviembre presentó una iniciativa para poner condiciones al otorgamiento del subsidio destinado a los dueños de buses y microbuses.
Instalar en las unidades GPS y sistema para contabilizar los pasajeros que han trasladado, cumplir con todas las obligaciones patronales (ISSS, AFP y no menos del salario mínimo), poseer una póliza de seguro activa para daños a terceros y que los patronos presenten mensualmente al Viceministerio de Transporte (VMT), el listado de los conductores autorizados con todos sus documentos vigentes, son algunos de los requisitos que deben cumplir para recibir el pago mensual.
Como era de suponer, la Mesa de Transporte, conformada por los propietarios de buses no les cayó en gracia la idea y hasta amenazaron con subir el pasaje.
La respuesta vino de inmediato por parte del Ejecutivo, cuando el presidente Nayib Bukele, replicó que si lo hacían, “les vamos a decomisar los buses y los vamos a conducir nosotros”.
El diputado Orantes considera que con las medidas que se pretenden aplicar “hay cosas que no son congruentes, cosas que los transportistas definitivamente no pueden cumplir”. Y a manera de justificar que ya se están haciendo cambios, señala que el 63% de las rutas que prestan servicio cuentan con GPS.
Pero el diputado Reyes sostiene que en cualquier negocio el cliente debe ser bien atendido y por eso, se deben tomar decisiones importantes. Agregó que el 85% de la población utiliza el transporte público.
Por eso, enfatizó que “es necesario mejorar el transporte público, vale la pena modernizarlo”.
El arenero fue más allá al señalar que hay empresarios del transporte público que han estafado al Gobierno al cobrar un subsidio de unidades que no trabajan. Por eso a casi 200 unidades les han retirado la compensación.
Y hasta propone que los empresarios que han engañado al Estado deberían de ir a la cárcel.
“Lo que importa es que ya no aprobemos el subsidio al transporte público como lo veníamos planteando, con prórrogas”, enfatizó.
Mientras, el legislador pecenista opinó que “la implementación del GPS (a los autobuses) es una medida que se puede cumplir fácilmente y así descartar aquellos malos empresarios”.
Carlos Reyes insiste en que ya no se puede seguir prorrogando el subsidio como se ha venido haciendo. “La inmensa mayoría de los salvadoreños quiere un cambio y nosotros vamos hacer el mayor de los esfuerzos (entrega del subsidio al transporte público)”, señaló.
El legislador tricolor David Reyes, impulsor de la iniciativa, lamentó que se haya decretado receso de la sesión plenaria de manera sorpresiva por parte del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, porque con ello, el resto de partidos quieren ganar tiempo para que no se apruebe el dictamen que permitirá condicionar la entrega del subsidio a los buseros.