Los diputados de la Comisión de Obras Públicas recibieron al presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, para que explicara cómo avanza el proyecto de la presa El Chaparral.
Loe legisladores están conscientes que esta obra en su ejecución ha experimentado diferentes irregularidades y hasta objeto de imputaciones de ilícitos la Fiscalía General de la República (FGR).
Este proyecto, quedó paralizado en el 2012 y se concretó un arreglo directo entre CEL y ASTALDI, bajo el cual se pagó $108 millones por una ejecución estimada de 29% del total de la obra.
En el 2015 se retomó la obra con el desarrollo de un nuevo diseño, el cual se descartó, pero igual se pagó. Posteriormente se contrató a la empresa Tyzhmash de capital Ruso y otro grupo de contratistas para ejecutar diferentes componentes del proyecto.
En los últimos meses se ha informado de las dificultades de la empresa Tyzmash y CEL, a tal punto que se está en una fase de prórroga del plazo de ejecución de 568 días del contrato que venció el 15 de agosto pasado. Para los diputados, no sorprenden las dificultades financieras de la empresa y de sus limitaciones para seguir adelante con la obra.
Lo anterior significa que está el riesgo de una vez más queden paralizados los trabajos. Por si fuera poco, pobladores de la zona del proyecto están bloqueando el acceso a las áreas de trabajo.
El presidente de CEL no anduvo con rodeos y explicó a los parlamentarios cómo está la situación con la obra. El panorama financiero de El Chaparral no es nada alentador.
Al 31 de agosto de este año, tenía un avance real de 70.6% y un atraso de 29.3%. Todo el Chaparral tiene 22 contratistas y todos están atrasados.
El Plan de Inversiones del proyecto ha aumentado en un 134% (de $207.8 a 694.1); y en lo que respecta a los contratos de construcción han tenido un aumento del 137% (de $163.3 a $387.1). La causa principal del aumento en el Plan Global de Inversión reside en la ampliación en su plazo de finalización, por lo que los costos ajenos a los contratos, tales como los costos financieros que se originan de los créditos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE), las medidas ambientales, administración, supervisión e ingeniería se deben incrementar.
Ejecución final prevista del proyecto para 2020
Debido a que el plan actual de $697.1 millones finalizará en diciembre del 2019 y dado que bajos las condiciones actuales concluirá a finales del 2020, se debe considerarla incorporación de los costos financieros, supervisión y administración para un año adicional, previéndose por lo tanto que el total de monto erogado en el proyecto ascendería los $759.41 millones.
Luego del problema con ASTALDI (2008), la anterior administración de CEL (2014-2019) no realizó las evaluaciones técnicas para constatar la viabilidad del proyecto El Chaparral.
En 2015, la antigua administración desechó una evaluación técnica que realizaba una empresa consultora de prestigio internacional en la materia y que aseguraba que no era viable continuar con el proyecto.
En ese momento, las autoridades de CEL decidieron continuar con el proyecto sin ener el diseño final de la construcción.
Nunca ha existido una figura integradora de los 22 contratos que ejecutan la obra ermitiendo que el atraso de uno justificara el atraso de todo el proyecto. De los 22 contratos solo 2 empresas terminaron su obra según calendario.
Existe una cultura de trabajo donde ha reinado la falta de control y seguimiento adecuado de la obra que se deriva en reclamos, arreglos directos y señalamientos de sobrecostos.
Todo lo anterior ha generado un sobrecosto del proyecto, pues lo que iba costar $207.8 millones podría alcanzar los $759.41 millones.
La construcción de la obra se ha alargado por 11 años, tiempo donde han estado al frente del proyecto 7 directores, quienes en su mayoría no contaban con las credenciales mínimas requeridas.
Hemos encontrado una inusual cantidad de contrataciones sin contar con la idoneidad técnica de personal. Durante la investigación fiscal por la corrupción en curso, la antigua administración guardó silencio y no se mostró parte como querellante para salvaguardar el patrimonio del estado.
La antigua administración decidió continuar con el proyecto pese a no tener adquiridas la mayoría de las tierras en la zona de influencia.
El proyecto está ubicado en la zona de la cuenca hidrográfica del Rio Torola, entre los municipios de San Luis de la Reina y Carolina, ambos en el departamento de San Miguel.
El proyecto generará 66 MW que será inyecta a la red nacional de energía de El Salvador. Dentro de los componentes del mismo se encuentran: una presa, embalse, un cierre lateral, un vertedero, cuenco amortiguador, obra de toma de presa, túnel de conducción, una cámara de carga, tuberías forzadas, una casa de máquinas, una subestación y una línea de transmisión. Período de construcción: 2004-2019 (15 años) 3 gobiernos.
