Es sabido que la Constitución es la ley máxima y superior, es la carta fundamental que está sobre todas las otras leyes, tratados, reglamentos, acuerdos, sean estos nacionales o internacionales. Se reconoce que un derecho consagrado en la Constitución debe cumplirse y desarrollarse a través de políticas públicas, leyes y planes que permitan el mayor alcance y disfrute posible de los derechos humanos.
Dicho lo anterior, ¿Sabían que nuestra Constitución aún no reconoce los derechos humanos al Agua y a la Alimentación adecuada?, y que, a pesar de su gran importancia, hasta hoy sigue bloqueado el camino para su inclusión en la Constitución, por lo que surge otra pregunta ¿Qué poderosos intereses se oponen al reconocimiento constitucional de tan vitales derechos?.
Como efecto de que el Agua y la Alimentación aún son ignorados por la Constitución, el país no tiene una Ley General del Aguas ni una Ley de Seguridad Alimentaria Nutricional, ausencia normativa que no es por falta de propuestas, pues desde hace quince años sectores sociales, académicos, iglesias, etc., vienen presentando diversas propuestas de legislación en materia de recursos hídricos y de seguridad alimentaria, pero la falta de voluntad y compromiso político de algunos grupos parlamentarios y de ciertos diputados con estos derechos fundamentales ha impedido atender las demandas de amplios sectores de la población.
Lo anterior es empeorado por el hecho de ambos temas no forman parte de las políticas públicas prioritarias en la gestión gubernamental, que se ha enfocado en soluciones cortoplacistas y propagandísticas como los anuncios incesantes de perforación de nuevos pozos y la entrega de bolsas de alimentos, acciones que no dudamos son de ayuda coyunturalmente, pero estratégicamente se continúa empeorando y postergando el abordaje de la graves situaciones de agotamiento que muestran los recursos hídricos, así como los altos niveles de inseguridad alimentaria nutricional que padecen decenas de miles de hogares.
En el país los problemas de accesibilidad y disponibilidad del agua siguen siendo evidentes. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del Ministerio de Economía, al cierre de 2019, un total de 1,533,291 hogares tenían agua por cañería dentro o fuera de la vivienda y 404,889 hogares no tenían ese recurso vital en su casa; pero de los hogares con acceso agua con cañería, solo el 54% afirma tener agua todos los días, esto según la Encuesta sobre el Derecho Humano al Agua, realizada por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y publicada en marzo 2020.
En el caso de los alimentos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, realizada por el Programa Mundial de Alimentos y el Ministerio de Gobernación a fines de 2019 e inicios de 2020, la población en inseguridad alimentaria moderada o severa es de 126,000 hogares, equivalente a 467,460 personas en tal condición, quienes dependen del consumo de maíz y frijol. Existe inseguridad alimentaria moderada cuando una persona tiene incertidumbre sobre su capacidad para obtener alimentos, viéndose obligada a aceptar menos calidad o cantidad en los alimentos que consume; y es grave o severa cuando las personas suelen quedarse sin alimentos y, en los peores casos, pasan un día (o varios) sin comer.
Es claro que estos complejos problemas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero su reconocimiento constitucional impulsará la creación de las herramientas normativas, de planeación y ejecución necesarias, es decir, leyes, políticas y planes nacionales con sus respectivos presupuestos, que permitirán a la población el alcance progresivo de los derechos humanos al Agua y la Alimentación adecuada.
La reivindicación de esta reforma constitucional no es nueva. El Pleno Legislativo aprobó en abril de 2012 la incorporación al texto de la Constitución de los derechos humanos al agua y a la alimentación adecuada, pero se requería que la legislatura que finalizaba en abril de 2015 ratificara por mayoría calificada dicha reforma y eso no sucedió; por lo que en abril de 2015 se volvió a aprobar “en primera vuelta” dicha reforma constitucional, pero lamentablemente la legislatura que finalizó en abril de 2018 no hizo nada y se perdió una gran oportunidad para responder a esta demanda ciudadana.
Los sectores ciudadanos, académicos, iglesias, etc., han retomado la bandera de la reforma constitucional, y la Asamblea Legislativa que finaliza en abril 2021 ha recibido sendas propuestas para incorporar en la Constitución estos dos derechos humanos vitales, según el siguiente texto:
Se garantiza el derecho humano al agua y el saneamiento. Las leyes y políticas públicas que desarrollen este derecho serán creadas con participación ciudadana. Estas leyes serán especiales y de orden público. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.
Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia.
En la Comisión Legislativa respectiva ha iniciado la discusión sobre el derecho humano al agua, y aunque hay pequeños avances, algunos grupos parlamentarios de derecha se niegan a aceptar que la gestión del agua debe ser pública y sin fines de lucro, probablemente porque siguen viendo el agua como una mercancía y soñando con la privatización y mercantilización de vital recurso; tampoco quieren aceptar la tan necesaria participación ciudadana en los procesos de formulación de leyes y políticas públicas que desarrollen este derecho, así como que estas leyes serán especiales y de orden público. El tema del derecho a la Alimentación ni siquiera está agendado en estos momentos.
Ahora que los partidos políticos van a entrar a una nueva campaña electoral, conviene recordar a los diputados actuales y candidatos a diputados que, según la referida encuesta de la UCA, el 91.5% considera “Muy Urgente” que los diputados de esta legislatura reconozcan en la Constitución el derecho humano al agua, el 89.3% considera “Muy Urgente” que se apruebe una ley nacional de agua, y para el 88.9% el ente regulador del agua debería de estar en manos del Estado.
La ciudadanía está muy atenta y no permitirá una nueva burla en estos temas, y demanda en forma clara que el Agua y la Alimentación urgen ya en la Constitución.
