El agua es imprescindible para la vida, y está directamente relacionada con el desarrollo social y económico, por lo que es importante que todas y todos involucremos en su protección y conservación.
Este 22 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Agua 2017, cuyo lema está centrado en las “Aguas Residuales” y en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera concreta con el objetivo 6 que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Según estimaciones de las Naciones Unidas (UN), actualmente más de 663 millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo y 1,800 millones se abastecen de fuentes de agua están degradadas o contaminadas. Asimismo, el 80% de las aguas residuales que se generan en el planeta no reciben ningún tipo de tratamiento. Es por ello que cerca de 842,000 personas mueren anualmente por enfermedades relacionadas con el consumo de aguas contaminadas.
El mundo se está urbanizando aceleradamente, al grado que en el 2050 se estima que el 70% de la población vivirá en ciudades, en contraste con el 50% actual. Asimismo para el 2030 se espera que la demanda mundial de agua crezca en un 50%.
En El Salvador, el mal manejo del medio ambiente ha incrementado los niveles de vulnerabilidad y acelerado la contaminación de los recursos hídricos. Esto afecta de manera directa a las familias más pobres, quienes tienen que emplear una parte importante de su tiempo para obtener agua de calidad que asegure su supervivencia. Por otro lado, el sector productivo cada vez tiene que generar mayores niveles de inversión para disponer de agua de calidad para el desarrollo de sus productos y servicios.
La problemática de los recursos hídricos se debe en primer lugar a la escasez física, debido a la disminución de la capacidad del territorio para infiltrar agua; en segundo lugar a la contaminación del agua; en tercer lugar al uso y administración ineficiente del recurso, por la carencia de un marco legal y una institucionalidad hídrica acorde con las condiciones del país; y finalmente a la falta de sensibilización y concientización de la población para el uso eficiente, la protección y conservación de los recursos hídricos.
Lo que queremos las y los salvadoreños en general es recibir agua en nuestros hogares las 24 horas del día a un precio bajo. No nos hemos puesto a reflexionar en temas tan importantes como: ¿De dónde viene el agua que estoy utilizando?, ¿En qué condiciones están las fuentes de donde viene el agua?, ¿Cuánto cuesta potabilizar el agua y transportarla hacia nuestros hogares?
El río Lempa, la principal fuente de agua con la que cuenta el país; desde hace décadas se encuentra en un proceso acelerado de degradación que pone en riesgo procesos de abastecimiento de agua potable, producción agropecuaria, generación de energía eléctrica y otras actividades. La cuenca de este importante río ya está siendo impactada por la variabilidad climática y por la generación de vertidos de todo tipo en su recorrido. La gestión de la cuenca del Lempa no depende únicamente de El Salvador, sino que tiene que ser compartida con Honduras y Guatemala, bajo un enfoque de manejo transfronterizo e involucrando a los actores del territorio.
Desde el 2012, se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de la Ley General del Agua que fue presentado por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), junto con las propuestas presentadas por la sociedad civil y el sector privado.
Los puntos críticos de esta propuesta de Ley, sobre los cuales es necesario profundizar en su discusión, tienen relación en primer lugar con el establecimiento de una institucionalidad fortalecida que se encargue de la rectoría, control y establecimiento de reglas claras en materia de recursos hídricos. Idealmente, la entidad rectora del agua tiene que ser de carácter público y bajo una figura autónoma, que permita la participación de la sociedad civil y el sector privado a través de un consejo consultivo; en segundo lugar asegurar la participación ciudadana en los procesos de planificación local, regional y nacional, así como en la toma de decisiones que tienen relación con el agua; y en tercer lugar, establecer mecanismos técnicos viables para el cobro de cánones por la explotación y el uso; así como multas y sanciones por la generación de vertidos en el agua, asegurando que los recursos que se obtengan de esta práctica se utilicen exclusivamente en el fortalecimiento de la institucionalidad y en programas y proyectos que contribuyan a solucionar los problemas asociados con el agua. Asimismo, es necesario implementar programas basados en incentivos para invertir en la protección, conservación y nuevas tecnologías para un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.
En el marco del Día Mundial del Agua, es importante hacer un llamado de atención a los partidos políticos, las instituciones de gobierno, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y a la población en general, para que dejemos de lado las diferencias y superemos los vacíos de comunicación que, a lo largo del tiempo, han impedido que en el país se lleven a cabo un esfuerzo de nación que permita hacer frente a los desafíos en materia de recursos hídricos. En este sentido, las y los diputados de la Comisión de Medio y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de El Salvador tienen que retomar el análisis y discusión del Anteproyecto de la Ley General del Agua, y abrir la consulta ciudadana que les permita lograr entendimientos entre las distintas fracciones para avanzar en su pronta aprobación.
La aprobación de la Ley General del Agua en sí, no solucionará los problemas de agua en el país; pero si se convierte en una herramienta clave para impulsar procesos que busquen garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos y que incentive el uso eficiente del agua, para que El Salvador pueda hacer frente, de manera sostenible, a las necesidades de agua para la vida y el desarrollo.
Es importante hacer una apuesta de nación para formar capacidades e implementar tecnologías de bajo costo que permitan la cosecha de las aguas lluvias, pues año con año caen del cielo un promedio de 2,800 mm de agua, de la cual una parte se evapora, una pequeña parte se infiltra y el resto se pierde, porque no hay capacidad de almacenarla. Para almacenar esta agua se pueden utilizar los techos de las viviendas y desviar el agua hacia tanques, pilas o bolsas de geomembranas. También se pueden construir reservorios de agua para abastecer a las comunidades rurales, a las ciudades y para uso de las empresas que utilizan grandes cantidades de agua para el desarrollo de sus productos.
El Consejo de Ordenamiento y Desarrollo Territorial juramentado recientemente, tiene un gran reto para poner en marcha la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial aprobada desde el 2011. Ya no es posible continuar con la lógica de mal uso del territorio, derribando bosques y cafetales para dar paso a proyectos de urbanización; tampoco se puede seguir expandiendo el cultivo de la caña de azúcar hacia zonas que deberían estar dedicadas a la protección y recuperación ambiental. Se requiere la aprobación a corto plazo de la Ley que prohíba definitivamente los proyectos de minería metálica en el país, pues estos proyectos son funcionales solamente en zonas con grandes extensiones en donde su impacto no alcanza a las comunidades.
Hay que reforestar las cuencas hidrográficas de nuestros territorios, iniciando por aquellas que tienen una importancia vital para la provisión de agua y energía, como la del Río Lempa, el Río Paz y el Río Torola; las zonas de infiltración y donde existen acuíferos importantes. En estas zonas también se deben construir barreras vivas y acequias para evitar la degradación de los suelos, fortalecer la capacidad de infiltración de los terrenos y prevenir potenciales inundaciones en la época de invierno.
Es necesario que toda empresa, urbanización o proyecto que genere vertidos o aguas residuales deba instalar y operar sistemas de tratamientos para asegurar el mínimo impacto posible a los ríos, efluentes y mantos acuíferos.
Debemos aprovechar el poder de los medios de comunicación y las redes sociales para compartir información y generar conciencia colectiva sobre la necesidad de hacer un mejor uso del recurso agua, evitando su desperdicio y contaminación. A esto se deben sumar programas de educación ambiental desde los primeros niveles de estudio, para formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).
El agua es un recurso finito y vulnerable y su buena gestión requiere el involucramiento proactivo del sector público, el sector privado, la sociedad civil organizada y la población en general para movilizar recursos técnicos y económicos que permitan ejecutar acciones que aseguren la disponibilidad y calidad de este vital líquido para asegurar la vida y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones.
