miércoles, 11 de mayo del 2022
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Ejecutivo y alcaldías siguen siendo cómplices del desorden territorial

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De acuerdo a estudios, en El Salvador un total de 2 millones de personas viven en condiciones de pobreza multidimensional.

El Gobierno Central y las 262 administraciones municipales estarían haciendo poco o nada para crear o fortalecer instrumentos que promuevan un mejor control en el desarrollo territorial, así indicó Henry Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Fino aseguró que se está haciendo lo contrario, ya que en el país se siguen aprobando urbanizaciones en lugares industrializados o no aptos para ello.

“Aquí ha habido un mal ordenamiento territorial, para resolver eso ya estamos tarde. Cualquiera puede decir en su casa necesita una remodelación, por lo tanto se van a otra parte y regresan luego que el trabajo está terminado. Eso no se puede hacer en el país, nos vamos todos a saber donde y regresamos; eso no es posible, ese mal ya está hecho”, expresó.

Por lo tanto, indicó que desde esta administración hacia las próximas se debería de buscar el mecanismo para la regulación de construcciones de viviendas.

“¿Lo está haciendo las municipalidades y el Gobierno? No, porque se están autorizando lotificaciones de vivienda a la par de complejos industriales. Es continuar con lo mismo”, cuestionó.

En 2015, durante la administración del expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se lanzó una Política Nacional de Vivienda y Hábitat que tuvo seguimiento.

Mientras en la actual administración presidencial de Nayib Bukele, creó el Ministerio de Desarrollo Local encabezado por la exguerrillera, María Chichilco, con el cual suprimieron estructuras como Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL).

Además, surgió la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) dirigida por Álvaro O’Byrne: Sin embargo, hasta la fecha la maquinaria de comunicaciones de la presidencia no ha revelado nada que ambas instituciones hayan hecho para trabajar en esta área.

Por otra parte, el director ejecutivo manifestó que ellos no tienen palabra vacía, debido a que en los próximos días podría estar listo un documento denominado “Vivienda y Hábitat”, que condensa las necesidades en el territorio nacional de desarrollo habitacional pero de una forma amigable con el medio ambiente.

“Tenemos que desarrollar en este espacio tan reducido del país una armonía, la satisfacción del derecho a una vivienda digna y a la propiedad pero con respeto al medio ambiente. En un par de semanas estaremos presentando el documento en la Asamblea Legislativa con esos componentes”, acotó.

En este sentido, detalló que un 91% de la población tiene algún grado de violación a su derecho de la vivienda, porque este tema ha sido casi exclusivo para los sectores formales.

“Hay una inmensa cantidad de la población que no puede comprobar sus ingresos y al no poder comprobar los ingresos no tiene acceso a la vivienda formal. Este problema de la vivienda también es generado por la inseguridad jurídica que gran parte de la población salvadoreña vive”, explicó.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mostró en 2020, que el 28.8% de los hogares en El Salvador, es decir, el 33% de los salvadoreños vivía en condiciones de pobreza multidimensional, lo que significa que los ciudadanos tienen algún grado de carencia en: vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación, empleo y protección social.

Al profundizar los datos revelan que son 537 mil hogares, lo que se traduce en 2.2 millones de salvadoreños afectados.

En este aspecto, Fino planteó que a través de los años, se ha visto el surgimiento de lotificaciones irregulares o “piratas”, que está a la vista de toda la población.

“El problema es que yo a los 7 o 10 años de pagar el lote, no me pueden dar la escritura porque no puedo comprobar la escritura, debido a que el lotificador no regularizó la lotificación y no se pueden tener los recursos básicos”, detalló.

Abordando esta problemática, días atrás FESPAD en coordinación del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA), presentaron un informe donde cerca de 645 familias, equivalente a un aproximado de 1,863 habitantes, de las comunidades El Mozote, Los Tubos, El Conchalito, Brisas de Jaltepeque y Victoria 2000, del departamento de La Paz, carecen de un respaldo legal que garantice la permanencia en sus viviendas. Estas familias han sido víctimas de acosos de desalojo.

En su mayoría, son grupos que emigraron posterior a la guerra y se establecieron en propiedades del Estado cercanas a la costa.

Gladys Larin, técnica de FESPAD, señaló que el informe visibiliza y documenta la historia de las comunidades, exponiendo su situación jurídica, económica y social. Asimismo, se registran historias de vida de seis mujeres y cuatro hombres quienes luchan por obtener seguridad en la tenencia de la tierra. Esto fue posible a testimonios de habitantes y liderazgos en cada una de las comunidades, quienes participaron en grupos focales, entrevistas, censos y talleres de validación entre julio hasta septiembre de 2021.

“Las comunidades son vulnerables, aparte del derecho a una vivienda adecuada se les limita otros derechos humanos, como el acceso al agua y energía eléctrica, de las cinco comunidades solamente Victoria 2000 cuenta con el servicio del vital líquido; también le son vulnerados la salud y educación. Estas comunidades no tienen seguridad jurídica de las tierras y por lo tanto, no pueden acceder a otro tipo de servicios, muchas familias no cuentan con letrinas, inodoros, pozos y fosas sépticas”, detalló Larín.

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Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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