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sábado, 24 de julio del 2021

Efectos institucionales nocivos del autoritarismo

Nadie que esté comprometido con la democracia ve con buenos ojos al autoritarismo. De hecho, se le teme y se quiere evitar a toda costa que retorne como régimen polí­tico. Para ello, cada sociedad que ha transitado del autoritarismo a la democracia ha diseñado los mecanismos institucionales, polí­ticos y culturales que impidan la “reversión autoritaria”.

En nuestro paí­s se hizo lo propio. Y es que el pasado autoritario de El Salvador dejó sinsabores y males sociales, culturales y polí­ticos, que siempre deben ser recordados para que no se nos olvide de dónde venimos y qué es lo que dejamos atrás.

En este sentido, nunca está demás volver la mirada a esos tiempos en los cuales el autoritarismo hizo de las suyas en El Salvador. Su huella en la cultura polí­tica es evidente, a tal punto que es inevitable preguntarse si a estas alturas su presencia ya ha desaparecido, o todaví­a sigue alimentando creencias, valores y comportamientos en la sociedad.

Pero hay un efecto del autoritarismo sobre el cual pocas veces  habla: su efecto en las instituciones, especialmente en las de seguridad pública. En efecto, bajo el autoritarismo, instancias de seguridad pública como los cuerpos policiales y sus dependencias (investigación, inteligencia, etc.) son subordinadas a los fines polí­ticos del régimen, al punto que se convierten en instrumentos de persecución y represión polí­ticas. Sus funciones de seguridad pública (protección ciudadana, combate del crimen) se desdibujan e incluso se convierten en lo opuesto, pues esas instancias se convierten en una amenaza para la ciudadaní­a, además de ser focos de criminalidad común y organizada.

De ahí­ que en las transiciones a la democracia un tema esencial sea el de la redefinición de esas instancias, teniendo en la mira la superación de sus taras autoritarias. En casos lí­mite –verdaderos experimentos polí­ticos y jurí­dicos— se ha buscado una refundación institucional, a partir de la cual surjan instituciones nuevas que –como en el caso de la Policí­a Nacional Civil de El Salvador— se inspiren en valores antagónicos con los valores autoritarios que fueron los que nutrieron a los desaparecidos cuerpos de seguridad (Policí­a Nacional, Guardia Nacional y Policí­a de Hacienda).

Definitivamente, el marco autoritario en el que esos “cuerpos de seguridad” se gestaron y desenvolvieron tiñó sus prácticas y ejercicio institucionales. En la transición salvadoreña, quienes asumieron plenamente el compromiso democrático quisieron  marcar una distancia absoluta entre las nuevas opciones democráticas y la herencia autoritaria que se querí­a dejar atrás.

En materia de seguridad pública, esa ruptura fue ní­tida: en el contexto de postguerra, se tení­a que ser sumamente celosos respecto de cualquier decisión, estrategia  (institucional o legal) que pudiera revivir (o insinuar) prácticas o incluso palabras que, se entendí­a, eran propias del marco autoritario.

No se entendió que la persecución y represión del delito eran una responsabilidad del Estado, y que eso no suponí­a que estuviera retornando al autoritarismo. No se entendió que si bien era ideal tener una Policí­a Nacional Civil, lo “civil” no debí­a anular su carácter de “policí­a”, con la formación, adiestramiento, recursos y capacidad operativa de una policí­a a la altura de los desafí­os de una sociedad conflictiva y con dinámicas violentas y criminales en su seno.

Claro está, habí­a temores de una reversión autoritaria. Y, además, aún estaba fresco el recuerdo de un quehacer policial dedicado a la persecución polí­tica y a la represión de quienes se opusieran al orden establecido.  Se temí­a a una policí­a fuerte, con capacidades de inteligencia en la investigación y con capacidades represivas propias de toda policí­a.  En principio, esa fortaleza no tení­a por qué apuntar a una regresión autoritaria, pero ese era el temor… y más valí­a prevenir que lamentar.

Ahora nos damos cuenta que, aunque los fantasmas autoritarios  fueran poderosos, no justificaban un debilitamiento estatal en materia de seguridad pública. Es decir, nunca se debió haber renunciado a tener una policí­a robusta, dotada de capacidades extraordinarias para combatir el crimen, que ya desde los años de la guerra civil comenzaba a ganar espacios en la sociedad.

Así­ pues, el autoritarismo causó un grave  daño a las instituciones de seguridad pública del paí­s, al desnaturalizarlas y subordinarlas a fines polí­ticos que no les son intrí­nsecos. En la inmediata postguerra, creí­mos que esos fines eran intrí­nsecos.  A estas alturas, estamos preparados para aceptar que no es así­; estamos preparados para aceptar que una policí­a fuerte, con capacidades inteligencia y con capacidades logí­sticas y operativas de primer nivel no tiene por qué servir para la persecución polí­tica. Al contrario, la envergadura del crimen y su capacidad de hacer daño a la sociedad, exigen aquella fortaleza como un requisito para asegurar la paz pública y la convivencia democrática.

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