En medio de la creciente preocupación por la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han anunciado una serie de medidas para abordar el problema a través de la diplomacia, la aplicación de la ley y la disuasión.
El DHS y el Departamento de Estado han elaborado un plan integral, respaldado por el Departamento de Defensa y varios países del hemisferio occidental, para manejar la situación, a pesar del sistema de inmigración roto que el Congreso ha fallado repetidamente en arreglar, así lo expresó el Departamento de Estado de EE. UU. en una hoja informativa publicada en su sitio web oficial.
La orden de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocida como Título 42, que ha estado vigente desde el inicio de la pandemia, se levantará a las 11:59 pm del jueves 11 de mayo, ya que ya no es necesaria con el final de la emergencia de salud pública. Tan pronto como se levante la orden del Título 42, Estados Unidos reforzará la implementación de sus leyes de inmigración de larga data bajo el Título 8 para procesar y expulsar rápidamente a las personas que ingresan ilegalmente al país y no tienen base legal para permanecer.
Se presumirá que las personas que cruzan la frontera suroeste de los Estados Unidos sin autorización, sin usar un puerto de entrada legal o sin haber programado una cita para ingresar, no cumplen con los requisitos para el asilo, a menos que se aplique una excepción. Si son expulsados, se les prohibirá volver a ingresar al país durante al menos cinco años y pueden ser objeto de enjuiciamiento penal por repetidos intentos de ingresar ilegalmente.
Como parte de un plan de múltiples agencias que involucra a varios países para prepararse para el retorno al procesamiento de migrantes bajo el Título 8, la Administración está anunciando medidas adicionales, que incluyen:
Abrir el primer Centro Regional de Procesamiento (RPC) en el Hemisferio Occidental para ayudar a los migrantes a encontrar vías legales. La meta es abrir al menos 100 centros de tramitación en lugares clave.
Despliegue del primer grupo de 550 efectivos militares estadounidenses comenzarán a prestar apoyo administrativo en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera suroeste.
La CBP y la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) también están ampliando aún más la capacidad de detención, incrementando los vuelos de expulsión y trasladando agentes y oficiales a regiones de alta prioridad a lo largo de la frontera suroeste.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está aumentando su capacidad de camas para prepararse ante un posible aumento del número de menores no acompañados. Además, el DHS hará la transición de la aplicación CBP One a un nuevo sistema de programación de citas el 10 de mayo para permitir un mejor acceso al proceso ordenado para solicitar asilo en los Estados Unidos.
Aumento en la difusión de información errónea sobre la frontera abierta por parte de traficantes para aprovecharse de migrantes vulnerables. En respuesta, el Departamento de Estado y el DHS están intensificando sus esfuerzos para combatir esta desinformación, lanzando campañas publicitarias digitales adicionales en América Central, América del Sur y el Caribe para comunicar claramente que las personas que crucen ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos se presumirán no elegibles para el asilo bajo las nuevas regulaciones y estarán sujetas a la expulsión acelerada.
Además, se les prohibirá el reingreso a Estados Unidos durante al menos cinco años si se ordena su expulsión. El Departamento de Estado también está ampliando la información sobre las vías legales de migración y los esfuerzos para abordar las causas profundas de la migración en zonas de alta emigración de toda la región.
