El gobierno de EEUU por medio de su Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que extenderá la validez de la documentación relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los beneficiarios de dicho programa originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal.
Por este beneficio han luchado, en el caso de El Salvador, unas 200.000 personas, desde que fueron integradas a esta protección tras los desastres causados por los terremotos de 2001.
La medida, según un documento de dicho departamento que se publicará este miércoles en el Registro Federal, tendrá una duración de nueve meses, por lo que la fecha de expiración pasará del 4 de enero de 2021, tal y como estaba establecida originalmente, al próximo 4 de octubre.
L a extensión tiene lugar tras varios litigios sobre el programa aún están pendientes de resolverse, incluidos casos en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, el Distrito Este de Nueva York, así como en otras cortes federales. En muchos de esos casos, los tribunales ordenaron bloquear temporalmente la finalización del TPS que había ordenado en mayo de 2018 la administración del presidente Donald Trump; una decisión que varios grupos de inmigrantes rebatieron judicialmente.
De acuerdo con la información del DHS, la decisión implica una extensión automática de los documentos de autorización de empleo (EAD), por lo que las personas beneficiadas no necesitan solicitar un nuevo permiso de trabajo.
El TPS, creado en 1990 por el Congreso de Estados Unidos, permite a ciudadanos de países afectados por guerras o a víctimas de violencia o de desastres naturales permanecer en Estados Unidos y trabajar. Asimismo, protege a sus beneficiarios de ser deportados. Se calcula que aproximadamente unas 400,000 personas están amparadas actualmente bajo ese estatus, de los cuales unos 200,000 son salvadoreños.
Aunque concebido como una protección temporal, el programa se ha renovado a lo largo de los años. Aún así, sus beneficiarios se encuentran en una situación legal que les impide solicitar la residencia o la ciudadanía estadounidense.
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