Por Alonso Rosales
Una nueva polémica ha surgido en el ya complejo panorama de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, tras denuncias formuladas por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova. Según sus declaraciones, autoridades estadounidenses estarían atribuyendo la ciudadanía a hijos de diplomáticos rusos nacidos en territorio estadounidense, incluso sin el consentimiento de sus familias, lo que Moscú considera una práctica coercitiva y contraria al derecho internacional.
El eje del conflicto gira en torno a la interpretación del principio de ius soli (derecho de suelo), consagrado en la Constitución estadounidense. Este principio establece que toda persona nacida en territorio de EE.UU. adquiere automáticamente su nacionalidad. Sin embargo, históricamente ha existido una excepción clave: los hijos de diplomáticos extranjeros no están sujetos a esta norma debido a la inmunidad que ampara a sus padres.
Este criterio fue respaldado por la Corte Suprema en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que reafirmó que la ciudadanía por nacimiento requiere estar “sujeto a la jurisdicción” del país, excluyendo explícitamente a hijos de representantes diplomáticos. Además, normativas internas como el Código de Regulaciones Federales y directrices del sistema migratorio estadounidense también reconocen esta excepción.
No obstante, Zajárova sostiene que desde 2023 se han registrado casos en los que el Departamento de Estado habría ignorado estas disposiciones, otorgando ciudadanía estadounidense de manera unilateral a menores rusos. Según la diplomática, esta práctica no solo contradice la legislación vigente, sino que podría utilizarse como un mecanismo de presión política sobre el personal diplomático ruso en EE.UU.
El contexto político añade mayor complejidad al asunto. Mientras el presidente Donald Trump ha promovido restricciones al acceso a la ciudadanía por nacimiento como parte de su agenda migratoria, estas supuestas acciones irían en sentido contrario, generando incoherencias dentro de la política interna estadounidense. Para Moscú, esta contradicción evidencia tensiones entre distintas estructuras del poder en Washington.
Rusia también ha señalado que estas medidas vulneran acuerdos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención Consular bilateral de 1964 entre ambos países. Dichos tratados garantizan inmunidades específicas que, según el gobierno ruso, impiden la imposición de obligaciones legales —incluida la nacionalidad— a familiares de diplomáticos.
Más allá del debate jurídico, Moscú advierte sobre posibles implicaciones prácticas. La atribución de ciudadanía podría, en teoría, permitir a las autoridades estadounidenses reclamar jurisdicción sobre estos menores, lo que abre interrogantes sobre su protección legal y el respeto a la soberanía diplomática.
En respuesta, Rusia ha reiterado que no reconoce estas acciones y exigirá confirmaciones formales caso por caso para garantizar que los hijos de su personal diplomático no sean considerados bajo jurisdicción estadounidense. Asimismo, ha pedido el respeto estricto de las normas internacionales que regulan las relaciones diplomáticas.
Este episodio refleja un nuevo foco de fricción entre ambas potencias, en un momento en que las relaciones bilaterales ya atraviesan una etapa delicada. Más allá de las acusaciones cruzadas, el debate pone sobre la mesa la importancia de la coherencia jurídica y el respeto a los acuerdos internacionales como pilares fundamentales de la diplomacia global.
