A nivel nacional se ha gestado una lucha por la defensa de los bienes naturales del país como el agua, pero para muchas organizaciones, no es una exigencia nueva. Ha sido una batalla diversa y amplia donde existen interese económicos de la empresa privada.
El club Campestre Cuscatlán busca ampliar su campo de golf, aunque según lo estipula el decreto 432 de la Ley Forestal, está prohibido, pero esto se sabe solo por la investigación y la presión de algunas organizaciones ambientales que aseguran que existe un daño a los pequeños bosques de la finca El Espino, departamento La Libertad.
Así lo manifiesta Luis López de la Asociación Herencia Natural, quien testifica el daño ambiental que causaría dicha ampliación del campo de golf.
“La zona de reserva ecológica finca El Espino está en amenaza. Más del 75% de los arboles han sido talados y el Club Campestre Cuscatlán busca ampliar su campo de golf afectando la naturaleza, sabiendo que están bajo la ilegalidad. Esta lógica fue acepta por El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ya que han pasado 12 años desde que se está manejando este tipo de situación por parte de los empresarios”, manifestó el activista.
Desde el año 2006 se están llevando a cabo procesos de tala en El Espino, además de desviar los causes de agua para poder alimentar los campos de golf, por lo que activistas piden al MARN y a los órganos de justicia no otorgar permisos de ampliación del Club Campestre.
Por su parte, Carolina Amaya, quien es parte de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), dijo que existe un sistema de justicia “incapaz” de velar por los derechos ambientales.
“Han pasado 12 años para darse cuenta de lo lesivo que es para el medio ambiente el campo de golf, ¿el sistema de justicia nos va a garantizar que no se privatice el agua? Yo creo que no, si permiten este tipo de situaciones, deben investigar el accionar de las empresas que buscan letargos para seguir destruyendo el medio ambiente”, aseveró Amaya.
Además, los ambientalista manifestaron que existen varias situaciones similares donde los entes de justicias y ambientales en el país incumplen su papel permitiendo a los empresarios su crecimiento económico y destruyendo el entorno natural.
Al final también se pronunciaron ante la Ley Integral del agua propuesta por los partidos de derecha y por la propuesta las Zonas Económicas Especiales presentada por miembros de la izquierda. En ambos casos dijeron que son leyes que benefician a los empresarios y desequilibran los bienes naturales afectando a la población en general.
