Las aguas se han vuelto a poner turbulentas entre el gobierno central y la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), en esta ocasión es por la ejecución de los $75 millones provenientes del préstamo de $250 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual está destinado para que las alcaldías atendieran las emergencias producidas por la pandemia y tormenta Amanda.
Anteriormente, la disputa era porque el Ejecutivo tenía desde agosto aprobado el desembolso de los fondos, pero no lo había hecho porque el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que al entregarlos se quedarían sin efectivo para poder atender otras obligaciones en la última recta de 2020.
Por lo tanto, exigió a los diputados de la Asamblea Legislativa que incorporarán el resto del dinero provenientes del BID al presupuesto general de 2020. Esta acción fue completada días atrás por los parlamentarios, lo que llevó al presidente de la República, Nayib Bukele, a anunciar la entrega de los recursos de emergencia municipal.
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Además, Bukele se vio obligado a dar los $75 millones por la alerta Roja que decretó su administración por el paso del huracán Eta en Centroamérica, ahora catalogado como tormenta tropical que ha dejado exceso de agua en zonas altas del país.
“Este dinero se va a transferir según la distribución de FODES, para que lo utilicen de inmediato. No tendrán que devolverlo solo deberán invertirlo en la población. He dado la orden para que transfieran de manera inmediata $75 millones de fondos FODES para que pueden usarse", indicó el mandatario.
He aquí el quiebre y nuevo conflicto entre ambas partes, ya que la actual administración presidencial acusa a COMURES de negarse a usar los para emergencia por Eta como medida de presión para seguir exigiendo al Gobierno el pago del FODES.
Según el mandatario, hay suficientemente dinero para ser utilizarlo por las municipalidades para servicios como recolección de basura, además de atender la emergencia por los daños que la tormenta tropical deje en nuestro país, en coordinación con Protección Civil.
“No obstante, la estrategia de los alcaldes, en su mayoría de ARENA y el FMLN, es seguir quejándose por la falta del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), para presionar al Ejecutivo en una clara estrategia electoral, a 3 meses de elecciones, ya que ese fondo solo podría utilizarse para emergencias mediante una reforma avalada por la Asamblea, pues son recursos para otros compromisos”, indica un comunicado emitido por Casa Presidencial.
Presidencia agregó, que este financiamiento debe ser utilizado de forma transparente, “pero ante la negativa de usarlos por parte de las municipalidades, y ante la insistencia del pago del FODES, es evidente que los alcaldes requieren de este dinero para otras actividades”.
Por su parte, COMURES envió una correspondencia al ministro de Hacienda, para que el Gobierno aclare sobre el uso que se le debe dar a los $75 millones.
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El director de asuntos gremiales de COMURES y alcalde de Chalatenango, José Rigoberto Mejía, dijo que han consultado si se hizo algún cambio cuando sancionó el decreto, puesto que la Asamblea lo aprobó para atender la pandemia de covid-19 y la reactivación económica, pero Bukele dijo en cadena nacional esta semana que podía usarse para la emergencia por Eta, servicios y obras municipales.
Mejía añadió que la contradicción también fue reiterada el miércoles por el ministro de Hacienda, pese a que el decreto deja en claro que es para la pandemia.
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Según lo aprobado por la Asamblea Legislativa, el dinero del préstamo no puede usarse tampoco para el pago de salarios o proveedores.
Mientras tanto, Zelaya enfatizó que “lo que se está buscando es que (las alcaldías) no dejen en vulnerabilidad a la población por falta de fondos. En este momento, ya cuentan con los $75 millones depositados directamente en sus cuentas”.
Con anterioridad, desde Hacienda dijo que han transferido $190 millones en fondos relacionados con la emergencia por el COVID-19, pero los jefes edilicios no han rendido cuentas de cómo ejecutan ese dinero.
De hecho, los diputados ayudan para que sus alcaldes no se preocupen por rendir cuentas. “Necesitamos la contraloría social. Es necesario que todos los salvadoreños estemos pendientes de cómo ejecutan los fondos las alcaldías”, expresó el titular de Hacienda.
Los problemas para disponer de recursos públicos con rapidez tienen también una relación directa con la pandemia.
