La Comisión Especial para "investigar las sistemáticas acciones irregulares del Órgano Ejecutivo", acordó convocar por apremio a los titulares de Salud y Obras Públicas para el 5 de enero de 2021.
Los parlamentarios han tenido que recurrir a esta medida, debido a que ambos ministros, no atendieron ninguna de las tres citatorias a los que la comisión los convocó; esto con el objetivo de obtener información de cómo han hecho uso de los fondos obtenidos de los títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales, en marco de la pandemia Covid-19.
Ante esto, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, mandó una nota argumentando su ausencia.
En la carta, Rodríguez justificó que no le será posible llegar a la comisión este 21 de diciembre “debido a un leve incremento de contagios y es necesario realizar diferentes actividades en el marco de la pandemia COVID-19”.
Mientras tanto, el titular de la salud salvadoreña, Francisco Alabí, simplemente no asistió, por lo que estaría acumulando dos solicitudes de apremio.
Si el ministro de Salud no asiste este próximo 5 de enero de 2021 aún con la Policía, no se descarta interpelarlo en el pleno, indicó el diputado Emilio Corea.
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La Directora del Instituto Nacional de Salud, Xochitl Sandoval, también ha sido convocada por apremio por parte de la Asamblea.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, también había sido llamada pero tampoco asistió. En su caso, en la reunión anterior mandó un informe detallando el uso de hoteles como centros de contención para albergar a los varados y personas que presentaba síntomas de COVID-19 o con diagnóstico positivo.
“No vino el ministro de Salud, el de Obras Públicas ni la de Turismo. Acordamos que el 5 de enero la Policía traiga al ministro de Salud y al de Obras Públicas, si no viene el de Salud no se descarta interpelarlo a finales de enero”, afirmó Corea.
Este lunes también recibieron a los alcaldes de municipios en donde el Ejecutivo instaló cercos sanitarios, entre ellos, el de Santa Rosa de Lima, Roni Lazo; y el de Corinto, Gilberto Sorto.
El artículo 132 de la Constitución señala que: “Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa”.
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Por lo cual, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, está obligado a colaborar y girar orden en contra de los dos señalados para que compadezcan ante los diputados.
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Si Arriaza Chicas no acata la petición, estará cayendo en el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio del Estado, el cual ya está siendo procesado tras no colaborar anteriormente con el Legislativo, con una orden girada en contra el ministro de Salud y el de Hacienda.
