Diputados de la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa coincidieron este jueves con la postura gubernamental de diferir con las conclusiones de la visita de la relatora de las Naciones Unidas, Agnes Callamard al país, quien recomendó al gobierno derogar las medidas extraordinarias de seguridad.
De acuerdo con el diputado del partido ARENA, Mauricio Vargas, se debe analizar cuáles de las medidas violentan los derechos humanos pues a su juicio no todas afectan a la población carcelaria.
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"Primero hay que ver a qué se refiere. Las medidas extraordinarias no son perjudiciales en toda su dimensión. Por ejemplo ¿En qué perjudica el bloqueo de las señales de comunicación? Eso no viola derechos humanos. Hay que saber de qué estamos hablando", dijo Vargas.
Igual postura expresa el diputado del PCN, Mario Ponce, quien señala que solo los salvadoreños pueden dar fe de la necesidad de las medidas.
"La relatora de la ONU no vive la realidad de los salvadoreños. Ningún salvadoreño afectado por extorsiones u homicidios puede avalar las recomendaciones de la relatora. Yo quisiera que ella viviera en este país y que sintieran lo que vive la población cuando sale de su casa al trabajo. No compartimos las recomendaciones primero porque ella no vive en El Salvador . No nos puede hacer recomendaciones fuera de nuestra difícil realidad", manifestó Ponce.
De igual forma el FMLN avala la extensión de un año más para las medidas a solicitud del Gobierno, y hace similar señalamiento sobre la brevedad de la visita de la ONU al país.
"El FMLN va a acompañar ese esfuerzo. Ella tiene derecho a hacer esas recomendaciones pero en una semana no se pueden conocer las condiciones del país", dijo Misael Mejía del FMLN.
Recientemente el gobierno salvadoreño también expresó que difiere de las recomendaciones de derogar las medidas, bajo el argumento que como gobierno deben garantizar la seguridad de la población.
Agnes Callamard visitó por 12 días El Salvador y en su informe, señala las graves condiciones de los privados de libertad en las cárceles, así como un "posible patrón" de ejecuciones extrajudiciales, y la impunidad en la que vive la población tras ser víctima de violencia.