Los diputados de la Comisión de Cultura y Educación ya habían tomado una decisión, antes de que llegara la ministra de Educación Carla Hananía de Varela, que fue convocada para explicar varios puntos, entre este el veto presidencial al decreto de retiro voluntario para empleados y docentes.
Y fue Emilio Corea, del grupo Parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quien tomó la palabra primero. “Que se modifique la agenda para que veamos el veto hoy, si emitimos dictamen favorable o no, eso lo vamos a estudiar a medida transcurran los minutos”, lapidó el político.
Y es que los diputados querían congraciarse con un grupo de maestros que en el vidrio, habían pegado pancartas de protesta por el rechazo que hizo el presidente Nayib Bukele al decreto.
“En ARENA estamos en sintonía con ustedes y hay una gran posibilidad de que logremos superar el veto, estamos en contra de la postura del presidente Bukele”, fueron las palabras de Corea.
El diputado Milton Ramírez Garay del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), coincidió con su homólogo y dijo que iban a argumentar porqué la necesidad de emitir un dictamen favorable.
Aclaró que el decreto fue aprobado con dispensa de trámite (es decir, no pasó a estudio de la comisión), porque dejaron establecido que los docentes que renuncien a su empleo deberán de interponerla el último día hábil del mes de agosto; de esta manera, el Ministerio de Educación podía solicitar en su proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2020 los fondos necesarios para cubrir dichas prestaciones.
“Aquí hay docentes pendientes del tema, a escala nacional también lo está el magisterio”, dijo el parlamentario.
Recordó que todos los partidos estuvieron de acuerdo cuando aprobaron el 3 de abril el dictamen que a la larga dio vida al decreto que luego lo rechazó el mandatario por inconveniente.
Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), consideró que agosto era oportuno para que los docentes que se desean retirar lo hagan a fin de que en el presupuesto del otro año, Educación disponga de recursos para compensar económicamente a los docentes que se acogieron al decreto.
El presidente Bukele expuso en sus argumentos que si bien el Ejecutivo está comprometido por velar por los intereses del sector magisterial de manera responsable, considera llevar a cabo este proceso conservando el equilibrio presupuestario, con base a lo que establece el artículo 226 de la Constitución y lo señalado en la Ley de responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social.
Llegado su turno, la ministra de Varela explicó a los diputados que el decreto aprobado el 26 de junio para reformar la Ley de la Carrera Docente, fue vetado por el presidente por dos razones: uno que tiene que ver con la técnica legislativa y por inconveniente. Dicho en otras palabras en primera instancia fue por aprobarse con dispensa de trámite y por el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Si una ley se aprueba con dispensa de trámite, sin que la Asamblea Legislativa haya sometido a debate las razones de urgencia para omitir la discusión y las consultas a las entidades, habría un vicio de forma en su emisión.
Pero la titular de Educación expuso a los diputados el verdadero fondo del veto. Trajo a cuenta que en el 2017 se aprobó el decreto 681 con el que se dio la oportunidad de retirarse a 1,104 docentes; al no haber financiamiento para pagar dichos retiros se procedió a pagarlos con los fondos destinados a las plazas que tenían los docentes jubilados, quedando sin posibilidad de contratar nuevos docentes.
Para subsanar parte del problema, se contrataron 556 docentes interinos con dinero propio del presupuesto asignado a Educación para gastos corrientes y esperaron a que el Ministerio de Hacienda resolviera el problema de recursos.
Al final, el total de docentes jubilados no se pudo sustituir, solo la mitad, ante esta situación tuvieron que enfrentar un desajuste en el presupuesto de la cartera de Estado al ir cargando mes a mes el pago de los 556 interinos; “y la segunda consecuencia, la más preocupante es que al no haber cubierto el total de docentes retirados los interinos han asumido doble trabajo, poniendo en riesgo la calidad de la educación.
Al final del 2017 Hacienda logró ajustar los $5.2 millones de déficit, pero Educación no logró sustituir a todos los docentes jubilados.
En el ejercicio fiscal 2018-2019 se volvió a repetir lo mismo al aprobar el decreto 193 para dar la posibilidad de retiro voluntario a 503 docentes y se vuelve a hacer la misma práctica presupuestaria. Se contrataron 389 interinos con dinero prestado del funcionamiento del ministerio. En el 2018, se aprobó el decreto 905 que otorgó incremento salarial al personal docente y administrativo, lo que obligó a Educación a pedir una reasignación presupuestaria de $63.2 millones de los cuales solo se recibieron $41.6 millones, teniendo a la fecha un déficit de $21.6 millones.
Después de esta amplia explicación de la ministra Carla de Varela, los diputados acordaron en llamar al ministro de Hacienda para la próxima sesión plenaria para retomar el tema del veto presidencial al decreto en mención.
