El interés de proteger a los exdirigentes y exlíderes de la guerra civil es la principal complicación para formular una nueva ley de reconciliación en la Asamblea Legislativa, desde la perspectiva de los diputados Juan José Martel (del CD) y de Leonardo Bonilla, no partidario.
La subcomisión que estudia este nuevo proyecto de ley para juzgar crímenes de guerra retomó su trabajo la semana pasada, pero su primera decisión fue pedir tiempo para completar la misión. La Sala de lo Constitucional había establecido -desde 2018- que tenían hasta el 13 de julio para elaborar esa ley; sin embargo, los diputados son conscientes que no cumplirán con este plazo y, por este motivo, enviarán una petición a la Sala para que les aprueben tres meses más.
“Todavía siguen vivos muchos de los intereses que generaron esta guerra”, dijo Martel, durante la entrevista con Canal 33. “Hay miedo, todavía, de que la verdad se conozca”, enfatizó.
La guerra civil se libró entre la guerrilla, que se formó a finales de los años ochenta, y el Gobierno, cómplice y anuente con la Fuerza Armada. Fueron al menos 75,000 muertos en 12 años de combate y decenas de miles de desaparecidos. “Durante la guerra, no solo se defendían intereses políticos. Se defendían intereses de grandes grupos económicos que son , al final, responsables -en última instancia- de lo que ha pasado”, manifestó el diputado del CD.
Los Acuerdos de Paz pusieron fin a las hostilidades, pero al mismo dieron lugar para aprobar la Ley de Amnistía General (1993). Esta es la ley que la Sala de lo Constitucional expulsó del sistema jurídico salvadoreño, al declararla inconstitucional en julio de 2016.
En los 29 años que siguieron al cese del fuego, los representantes de los dos bandos de la guerra han tenido la oportunidad de participar en el Gobierno: han pasado por el Ejecutivo y por el Legislativo. Pero, además, hay otros participantes del conflicto que viven fuera de El Salvador.
La sentencia de inconstitucionalidad de 2016 establece cuatro elementos que debe llevar la nueva ley para juzgar crímenes de guerra: búsqueda de la verdad, justicia, reparación a las víctimas y fijar garantías de no repetición.
Bonilla señaló que “el problema es reconocer que en este país hay personas que son acusadas, y probablemente culpables, que pueden pagar las consecuencias”, dijo Bonilla.
Los dos partidos con mayor caudal de votos son ARENA, que ha acogido a exmilitares y exfuncionarios que podrína ser señalados por crímenes durante la guerra, y el FMLN, el partido de la exguerrilla.
“Ninguno de los dos (bandos) va a estar dispuesto a apoyar un proyecto de ley que pueda llevar a una justicia real, o implique un castigo”, insistió el diputado no partidario. “A mi criterio, esto tiene entrampada la ley”, agregó.
Piden tiempo, pero no dan acceso a medios
La subcomisión tiene en sus manos dos propuestas para el proyecto de ley. Una viene de la comisión ad hoc, pero esta propuesta ha recibido severas críticas, incluso de organismos internacionales. Lso diputados también tienen la propuesta de las organizaciones sociales que defienden a las víctimas de la guerra. Esta segunda propuesta es la que no han comenzado a discutir.
En julio de 2018, la Sala de lo Constitucional emplazó a los diputados con una sentencia de seguimiento a lo que había resuelto en julio de 2016. En esta nueva resolución, dio hasta el 13 de julio de 2019 para tener lista la nueva ley para juzgar crímenes de guerra.
Pero, con todo y el ultimátum, era poco el avance visible. Fueron “dos años, durante los cuales, la Asamblea estuvo dormida totalmente en la creación de esta ley”, advirtió el diputado no partidario.
Ya avanzado 2019, los diputados crearon la comisión ad hoc para que preparara un documento previo al anteproyecto de ley. Luego, crearon una subcomisión, que preparará los detalles de la ley. Desde esta subcomisión es que llegó la solicitud de prórroga por 90 días.
Martel, miembro de la subcomisión, señaló que hay una coincidencia entre diputados y organizaciones sociales en que hace falta más tiempo para definir la ley.
En este punto hay que destacar que el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI) había solicitado desde mayo, a la Sala de lo Constitucional, que estableciera un plazo adicional de seis meses -hasta diciembre 2019- para preparar la referida ley. Incluso se planteaba que la Sala propiciara la creación de una comisión donde participara el Ejecutivo, con tal de hacer la discusión más amplia y transparente. Benjamín Cuéllar y Pedro Martínez, ambos del LIASCI, son también los que promovieron la demanda por inconstitucionalidad de la Ley de Aministía General.
Al retomar su trabajo el primer lunes de julio, la subcomisión cerró los micrófonos y los medios de comunicación no pudieron enterarse del resultado de la sesión.
Martel fue muy crítico con esta decisión. “La próxima vez me voy a retirar de esa comisión”, criticó Martel. “Según yo estaban escuchando al otro lado los periodistas”, lamentó.
Si vuelve a suceder, indicó, lo denunciará y no participará. “Es algo inconcebible y no debe de repetirse. Otra reunión a puertas cerradas y yo me salgo y la denuncio”, insistió.
Bonilla, dputado independiente, no es miembro de la comisión, pero también se mostró en contra de esta actitud de los diputados.
“Después de veinte y tantos años que finalizó la guerra, el problema de fondo es político. Lo que necesitamos es una buena solución, que satisfaga no a todos, pero sí la necesidad de justicia que tiene el país”, apuntó Martel.
