lunes, 15 abril 2024

Dictamen favorable para destituir a Rouseff

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La decisión final recae en la mayorí­a de senadores de la Cámara Alta. Si 54 de los 81 senadores lo aprueban, la mandataria brasileña deberá dejar su cargo

El diputado brasileño Jovair Arantes, relator de la Comisión Especial de la Cámara Baja que analiza el pedido de apertura de un juicio polí­tico contra la presidenta Dilma Rousseff, emitió hoy un dictamen favorable a que prosiga el proceso tendiente a destituir a la polí­tica del Partido de los Trabajadores (PT). 

"Concluye el relator a favor de la admisibilidad jurí­dica y polí­tica de la acusación y por la consecuente autorización por parte de la Cámara de Diputados para instaurar, en el Senado Federal, el proceso por delito de responsabilidad promovido por los señores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior y Janaina Conceií§í£o Paschoal contra la señora presidenta de la República, Dilma Vana Rousseff", afirmó el legislador.

El veredicto del relator será sometido a análisis de los otros 64 integrantes de la Comisión Especial, que votarán el lunes, según lo previsto, si apoyarán la recomendación de que avance el proceso tendiente a destituir a Rousseff.

El resultado de esa votación será luego sometido al plenario de la Cámara Baja, donde se necesitan 342 votos, de un total de 513 diputados, para que pase al Senado, que es el organismo que, de acogerlo, llevará a la práctica el juicio.  

El delito de responsabilidad al que alude el relator es un tipo de infracción en el que puede incurrir un mandatario en el ejercicio de su cargo.

En el caso de Rousseff, los renombrados juristas autores de la petición acusan a la presidenta de haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal al atrasar la transferencia de fondos a los bancos públicos para que éstos le pagaran a los beneficiarios de los programas sociales.

Como los bancos cumplieron con los pagos, se configura una especie de préstamo al Gobierno, las llamadas "ruedas fiscales", lo que está prohibido por ley.

Otra irregularidad que viola la mencionada ley, apuntada por los juristas, es la de haber ampliado por decreto la apertura de lí­neas de crédito sin autorización del Congreso, y haberlo hecho aún sabiendo que la meta fiscal prevista en la Ley de Presupuesto no podrí­a ser cumplida.

Arantes aclaró que no es competencia suya "juzgar si la presidenta cometió o no delito de responsabilidad", puesto que de ello se encarga el Senado.

No obstante, dijo que considera que la denuncia realizada por los juristas "cumple todas las condiciones jurí­dicas y polí­ticas" para ser aceptada.

"Las conductas de la denunciada (según la denuncia) violan exactamente esa misión constitucional del Poder Legislativo (y constituyen) grave ruptura del fundamental principio constitucional de separación de poderes, además de poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas y la salud financiera del paí­s, con perjuicios irreparables para la economí­a y para los derechos más fundamentales de los ciudadanos brasileños", expresó Arantes.

"Según mi análisis, la magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la República constituyeron grave desví­o de sus deberes funcionales, con perjuicios para los intereses de la Nación y con la ruptura de la confianza que le fue depositada. Tales actos justifican la apertura del excepcional mecanismo del ‘impeachment’", concluyó.

Paso a paso proceso contra Dilma Rousseff

El relator del proceso tendiente a destituir a Dilma Rousseff, diputado Jovair Arantes, emitió hoy un dictamen favorable a que la acción en contra de la presidenta brasileña prosiga y no sea archivada.

A continuación, el paso a paso que seguirá el pedido de apertura de juicio polí­tico que enfrenta la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT). 

Las fechas manejadas son tentativas y están sujetas a alteraciones de último momento.

– Entre jueves y viernes, los 65 miembros de la Comisión Especial de la Cámara Baja analizarán el informe del relator.

– El lunes 11, la comisión en su conjunto votará a favor o en contra del parecer de Arantes. Para que sea aprobado se necesita el voto favorable de 33 diputados. Independientemente de lo que vote la comisión, el dictamen debe ser sometido al plenario de la Cámara Baja.

– El martes 12, el resultado de la votación será publicado en el Diario Oficial.

– El viernes 15, el parecer de la comisión estará listo para llegar al plenario de la Cámara Baja.

A raí­z de los tiempos previstos en el reglamento de la Cámara, se estima que se necesitarán tres sesiones para llevar adelante las sesiones de votación en el plenario. Eso porque cada uno de los 25 partidos con representación parlamentaria tiene derecho a un discurso de una hora.

Además, legisladores pueden inscribirse para realizar discursos en forma individual, y se estima que cada uno de los 513 legisladores demorará unos 30 segundos para ir hasta el micrófono y emitir su voto.

Para que el proceso avance al Senado, que es el que lo juzga, deben votar a favor de su continuidad 342 diputados, las dos terceras partes del total. Si la Cámara Baja vota por la no continuidad, el proceso es archivado.

Si por el contrario los diputados votan para que prosiga, el Senado deberá crear una comisión especial que en 10 dí­as debe emitir su parecer respecto a la recomendación de Diputados.

El veredicto de esa comisión es luego sometido a votación en el plenario de la Cámara Alta, donde se necesita una mayorí­a simple, de 41 votos -en 81- para que se instale el juicio.

Si eso ocurre, Rousseff es alejada del cargo por 180 dí­as, durante los cuales asumirá Temer. 

Durante la votación sobre la destitución de Rousseff, el Senado pasa a ser presidido por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowsky. 

Para que la presidenta sea condenada, y por tanto destituida, se necesita una mayorí­a especial en la Cámara Alta, de dos tercios de sus miembros, 54 de los 81 senadores.

La destitución en ese caso es inmediata. Rousseff saldrí­a del Gobierno y quedarí­a impedida de disputar o ejercer cualquier cargo electivo durante ocho años, y Temer se proclamarí­a vicepresidente de la República hasta el fin del mandato, el 31 de diciembre de 2018. 

Redación ContraPunto/Agencias

Fuente: dpa y Agencias internacionales

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