Por Álvaro Rivera Larios
No voy a poner en duda que el gobierno de Bukele tiene algunos rasgos formales de lo que se entiende por una dictadura: ha vulnerado y vulnera la precaria autonomía de nuestro poder judicial, judicializa de manera alarmante la amenaza contra ciertas figuras de la oposición, presiona también a los medios de prensa que se le oponen y, en gran medida, muchas de las grandes decisiones gubernamentales que afectan a la ciudadanía (la ley del bitcoin, la reforma constitucional, etcétera) se están adoptando bajo una problemática ausencia de diálogo parlamentario y de consulta con la sociedad civil. Aunque cuente con un gran respaldo popular y haya sido elegido democráticamente, su estilo de gobierno no es precisamente democrático ni avanza en el sentido de refundar o fortalecer nuestra democracia.
Desde el punto de vista de las expectativas democratizadoras que pudo despertar al inicio de su gobierno, el Sr. Bukele defrauda.
Ahora bien, los rasgos formales que he enumerado y que podrían definir como dictatorial al gobierno de Bukele ya estaban presentes en nuestra “democracia” y también pueden hallarse en gobiernos latinoamericanos que presumen de ser democráticos. En algunos países vecinos se persigue a los periodistas de una forma más cruda y cruel, se asesinan opositores de forma descarada e impune, pero casi casi nadie pone en duda la calidad de sus democracias. Si se reprime y asesina manifestantes como en Chile y Colombia, se admite que son democracias imperfectas, aunque la suya sea una imperfección brutal y escandalosa.
Así que podríamos preguntar y debatir si el actual gobierno salvadoreño es dictatorial o autoritario. Los democráticos y tolerantes opositores a Bukele posiblemente excomulguen a quien plantee semejante duda y lo acusarán rápidamente de ser un lame botas de la dictadura. La propaganda de nuestra oposición ya dictaminó que vivimos bajo una feroz dictadura y quien exponga sus dudas al respecto y proponga un debate será linchado.
No solo se trata de tirar definiciones sobre la mesa, debemos hacer que los hechos turben a las definiciones. No solo se trata de dar definiciones, se trata de engarzarlas en el devenir de los procesos políticos y sociales.
Vivimos en una dictadura donde todavía no hay un solo periodista preso ni golpeado y donde aún no hay cifras de violencia política letal como las que exhiben obscenamente la democracia colombiana y “la democracia popular nicaragüense”. Hasta podría decirse que el nivel violencia política física en nuestro medio es muy bajo. Que tales cifras pueden empeorar, es cierto, pero hasta ahora no se advierte una voluntad gubernamental de que empeoren.
Aunque alguien me reproche que presente estos hechos como un atenuante, lo cierto es que estos hechos están ahí: tenemos una “dictadura” que no recurre al asesinato político como hace el gobierno democrático de Honduras. También tenemos una “dictadura” donde no existe la directriz gubernamental que autorice la tortura sistemática de los opositores detenidos. Aun así, la prensa opositora ya nos dice que vivimos bajo el infierno impuesto por Bukele. Quizás sin las ciegas emociones que pone en movimiento la propaganda no sea posible la acción política, quizás sea necesario presentar al enemigo como un monstruo, quizás esa exageración mediática impida la tentación de mayores abusos por parte del gobierno, aunque tal propaganda maniquea distorsione lo que realmente pasa y no defina correctamente la naturaleza autoritaria del actual gobierno.
Tenemos que salvar nuestra inteligencia política no solo de la propaganda de Bukele, las hipérboles de la propaganda opositora también son dañinas para la reflexión.
