El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó, por medio de su cuenta de twitter, sobre la captura de 6 presuntos “ex comandantes” guerrilleros, a quienes se les acusa de participar directamente en el asesinato de María Inés Alvarenga. Según informaron las autoridades, la detención se realizó durante el operativo en Santa Marta, Cabañas.
De acuerdo, a los señalamientos de las autoridades los hechos habrían ocurrido en agosto de 1989, cuando María Inés Alvarenga fue sacada de su casa, en el Cantón Santa Marta, Cabañas, por guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes la acusaban de colaborar con el ejército, por lo que fue torturada y ejecutada.
Los 5 de los 6 detenidos son los líderes comunitarios pertenecientes a la Asociación de Desarrollo Económico Sociales (ADES) Santa Marta, quienes fueron identificados como:
● Miguel Ángel Gámez
● Alejandro Laínez García
● Pedro Antonio Rivas Laínez
● Teodoro Antonio Pacheco
● Saúl Agustín Rivas Ortega
Ante la detención de sus miembros ADES a través de un comunicado de prensa expresó “Nos parece indignante y sospechoso que a casi 31 años del fin de la guerra civil salvadoreña y a más de 40 años de las atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, dónde fueron cometidas incontables violencia derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el Estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un solo caso. Hoy cuando dicen actuar, lo hacen para revictimizar a la misma comunidad en algo que parece a todas luces una venganza política.
Los voceros de la fiscalía presentes en la comunidad aseguraron que el caso no tiene nada que ver con el régimen de excepción, por los que esperamos que antes de las 72 horas se realice la audiencia inicial y se siga el debido proceso”.
Por su parte, el Foro Nacional de Salud mostró su acompañamiento hacia los los líderes comunitarios y señaló que este hecho ocurrió entre 1973 y 1974 años antes que estallara la guerra en el país, por lo que creen que la detención es una acción que busca reprimir los derechos y libertades de la organización y la comunidad para atentar contra su lucha social y ambiental.
