viernes, 13 de mayo del 2022
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Detenidos ilegalmente no han sido afectados más de lo que permite la ley, dice la PDDH

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El procurador dijo que prefiere no dar "una valoración política" sobre el Estado de Excepción .

El procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, indicó que han verificado las denuncias de casos de detenciones “arbitrarias o ilegales” que han llegado a la institución, a lo que aseguró que los afectados no han sufrido “afectaciones” más allá de lo que permite la ley.

“Las entrevistas que hemos realizado con personas que han sido privadas de libertad, han expresado que han sido tratados dentro del margen de normalidad, pero si hay afectaciones propias de la estructura con las que se cuentan en los diferentes centros penales, pero no hemos tenido denuncia como tal, que hayan tenido afectaciones de más allá conforme a la ley”, sostuvo Tobar.

En este sentido, dijo que el Sistema de Protección a los Derechos Humanos ha recogido un total de 67 denuncias de capturas irregulares desde el pasado 27 de marzo, fecha en la que inició el Estado de Excepción solicitado por el presidente de la República, Nayib Bukele y emitido por la Asamblea Legislativa.

Esta situación le ha dejado abierta la puerta a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados de las Fuerzas Armadas, puedan ejecutar detenciones sin mayor verificación y apresar a cualquiera que le parezca delincuente.

Entre las denuncias hay 33 casos de detenciones ilegales, así como 11 casos vinculados a detenciones administrativas que superan las 72 horas. Este derecho, sin embargo, se encuentra suprimido por el régimen de excepción.

La PDDH también reporta cuatro casos vinculados a detenciones sin autorización judicial y cuatro casos en los que funcionarios se han negado a brindar información sobre el lugar donde se encuentran los detenidos.

Otros cinco casos reportados ante la institución involucran restricciones arbitrarias a derechos que no están limitados por la ley, un caso de tratos crueles, inhumanos o degradantes, un caso por malos tratos y otros más por uso desproporcionado de la fuerza.

Sobre todos estos casos la PDDH pedirá un informe a la Policía Nacional Civil (PNC) y, a partir de estos, emitirá una decisión final sobre si existe o no una violación a derechos humanos.

Sin embargo, las resoluciones que emita la PDDH sobre estos actos de funcionarios del Estado, añadió, no son vinculantes si no en “lo moral, lo correcto y lo ético”.

En total, según Tobar, hay 200 funcionarios de la PDDH que se encuentran desplegados para velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del régimen de excepción.

A la fecha, estos delegados han realizado 160 acciones de protección a derechos humanos, entre atención a personas y apertura de casos de presuntas afectaciones, verificando cierres focalizados por parte de la PNC y la Fuerza Armada en los territorios, en las bartolinas de policía y centros de resguardo a menores; así como atención directa a víctimas de diferentes hechos delictivos.

A pesar de las vulneraciones a derechos humanos que registra la PDDH, el procurador dijo que la situación extraordinaria de homicidios en el país, requería medidas extraordinarias, avalando así el régimen de excepción a derechos constitucionales.

“Las acciones dentro de este régimen se enmarquen en el principio de legalidad. Que la actuación sea conforme a las normativas que le rige a cada institución y la Constitución, no exceder en el ejercicio de la fuerza sino hacer tal como lo establece los compromisos internacionales y en la normativa interna” , indicó.

Al ser cuestionado sobre ¿Qué piensa sobre el Estado de Excepción? dijo que:” no quiero hacer valoraciones políticas, nuestro enfoque va más en protección de las víctimas”.

Por otra parte, se solidarizó con los familiares de las víctimas que fueron asesinadas en marzo de 2022, rechazando “todo acto que vaya en contra de los derechos humanos de las personas”.

Desde que inició el régimen, las autoridades salvadoreñas han detenido al menos a 5,747 personas, acusados de pertenecer a las pandillas.

Las estructuras criminales ocasionaron el repunte de violencia que dejó más de 87 muertes en solo tres días en marzo pasado, siendo el pico de violencia el día 26 de marzo, con 62 asesinatos. Esta cifra es la más alta registrada en la historia reciente del país.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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