Es el término coloquial con el cual subrayamos que algo, o alguien, no siguen su camino, su curso natural.
En el caso de las instituciones y dada la naturaleza de su constitución, ello deriva en que las tales dejan de cumplir su razón de ser, su propósito, por lo cual se alega generalmente: “…ha cumplido su vida útil…”, aseverando con ello que las condiciones que legitimaron su creación y existencia, simplemente ya no existen, dando pie y por ello, a una nueva fase, y por supuesto, a nuevas instituciones que respondan sí, a las condiciones, exigencias y circunstancias de su presente.
Tal es el caso del aparato judicial, el cual simplemente solo sirve al interés de conservar las cosas como están, sin derivar en el ejercicio del cumplimiento de la ley, razón primera de su existencia.
Consideremos para entenderlo tres casos como ejemplo: el caso del ex presidente Flores, el del magistrado Escalante, y el de la SIP.
En fecha reciente la cámara segunda de lo penal declaró inadmisible el reclamo fiscal en contra de la familia del ex presidente Flores, no por haber probado la inocencia del tal, sino porque la FGR “…no presentó pruebas…”, habiendo ésta apenas adjuntado una copia no autenticada en torno a la cual giró todo el alegato de la misma.
Tal ligereza no es casual, es un hierro intencionado, cuyo propósito era la exculpación.
El caso del magistrado Escalante es de particular interés, dadas sus implicaciones, pues llama la atención la resolución que la cámara que lleva el caso, hace: “…los tocamientos a los genitales de una menor no constituyen un delito…”, lo que beneficia al indiciado pues incluso si es condenado, no cumplirá cárcel.
El caso de la SIP no es menos aberrante, pues gira en torno al desinterés por resolver el asesinato de periodistas en el país, que se suman a las decenas de muertes por violencia que la nación sufre, y por las que el aparato judicial tampoco responde, o es lento.
Estos casos son paradigmáticos, pues descubren los desvíos de un aparato que solo responde al fin de conservar las desigualdades, lo que con crudeza el caso Flores afirma, pues son conocidos los casos de individuos de extracción humilde cuyos castigos son desproporcionados, incluso cuando existe duda razonable, castigándoseles con una severidad desmedida.
Por otro lado, las afirmaciones realizadas en el caso Escalante, revela la desnaturalización de los implicados, que sientan con la misma un grave precedente que además legaliza en la práctica el acoso y el manoseo, así como la impunidad de los hechores.
El asesinato de cualquier persona siempre ha causado violencia conexa, pues esta degenera en cadenas de venganza, porque la ciudadanía prefiere tomarse la justicia en sus manos, en vez de descargar tal tarea en el Estado, en el que no confía, derivando en impunidad y más violencia.
Tales condiciones vuelven intolerable la convivencia, como real la amenaza de que el estado sea superado en sus funciones, ilegitimándolo, y sustentando el derecho a refundarlo.
¿Será necesario?
