La fundación defensora de derechos humanos, Cristosal, asegura que las instituciones de seguridad y la clase política salvadoreña no han mostrado ningún interés en proteger ni asistir a las víctimas de desplazamientos forzados por violencia.
Según la organización, de los seis recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentados por seis familias (60 personas) que han huido de sus hogares a causa de la violencia, cinco ya han sido admitidos, y tres de estos se encuentran en la última etapa para su respetiva resolución.
Le puede interesar: Sala admite dos demandas de amparo por desplazamientos forzados por pandillas.
Los amparos plantean la violación de derechos a causa de los desplazamientos forzados, así como las omisiones a la justicia por parte de las autoridades.
“En todos los casos no ha habido un procedimiento en las investigaciones. Tanto la PNC y FGR no activaron las medidas de protección que permite la Ley Especial de Protección a Victima y Testigos. Estos no han ofrecido albergues ni medidas de protección para los afectados. También, la Asamblea Legislativa no ha emitido leyes, programas o políticas para las personas desplazadas”, especificó Abraham Ábrego, director de Acompañamiento de Victimas.
Lea además: Gobierno reconoce desplazamiento forzado por violencia.
La CSJ y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han ordenado a instituciones del Estado atender a las familias afectadas. Cristosal afirmó que no existe un sistema de atención a víctimas que huyen por violencia.
“Las familias mismas han brindado su experiencia que no son sistemas que garanticen dignidad, protección integral”, dijo Celia Medrano, directora de Cristosal.
Lea también: Desplazamientos por violencia aumentaron en 2017: Cristosal.
Por su parte, Rina Montti, coordinadora Nacional de Monitoreo de Desplazamiento Forzado, expresó que la huida de personas por violencia va en aumento en los primeros 5 meses del año, y adelantaron que preparan un estudio en el que demostrarán con cifras el impacto de este flagelo en la población salvadoreña sin que las víctimas sean atendidas.
Cristosal y la Fundación Quetzalcóatl contabilizaron en 2017 un total de 701 casos de desplazamientos forzados, en los cuales 375 personas huyeron de sus lugares de residencia a causa de la violencia, y 326 personas tenían la necesidad de huir de ella pero no lo hicieron por diversos motivos, según las organizaciones.
