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lunes, 18 de octubre del 2021

Desigualdad afecta crecimiento económico

El déficit fiscal, es decir la diferencia entre los ingresos y los gastos es del 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda pública también mantiene un nivel alto, un poco más arriba del 70% del PIB, que incluye el pago de la deuda previsional.

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Elevar el porcentaje de crecimiento en materia económica es un reto que no han podido cumplir las anteriores administraciones. El promedio de los últimos 20 años, no ha permitido pero ni llegar al 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El Plan Cuscatlán, que anunció el presidente Nayib Bukele durante la campaña electoral, fijaba una meta del 3.5% al finalizar el quinquenio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), ha recomendado que se incremente el ajuste fiscal en un 2% entre el 2019-2020 para avanzar en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El economista Alfonso Goitia opinó que 100 días es insuficiente para ver si hay una serie de medidas económicas, tomando en cuenta que el Plan Cuscatlán aún no se ha materializado.

No obstante, al revisar lo que se ha hecho hasta el momento, se puede percibir que los agentes económicos tienen un comportamiento impositivo a diferencia de gobiernos anteriores.

Los $30 millones que donó México para impulsar el programa “sembrado vida” y que dará empleo a 20,000 personas; así como trabajos agropecuarios  temporales en Estados Unidos, son buenas señales.

También existe una posibilidad de recuperación de vivienda social con una reducción del 3% de la tasa que cobra el Fondo Social de Vivienda (FSV), para casas cuyo precio es debajo de $25,000.

Pero no todo es color de Rosa. Goitia trajo a cuenta que el clima de inseguridad afecta el crecimiento económico y hay estudios que lo confirma.

Comentó que en el 2011 participó en el Programa de Asocio para el Crecimiento; y una parte del informe indica que hay un vínculo claro entre homicidios y desarrollo y el Banco Mundial (BM) y el Banco Central de Reserva (BCR), han hecho cálculos del costo que tiene el país por el crimen y la inseguridad y que en ese entonces andaba arriba del 10.8%.

Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), manifestó que una de las primeras acciones que impulsó el Ejecutivo fue el de eliminar varias secretarías que funcionaban en Casa Presidencial para reducir el gasto público, sin embargo; a partir de ese momento se muestra la complejidad de la situación en El Salvador, porque para llevar a cabo eso necesita que la Asamblea Legislativa de sus votos para respaldar esa iniciativa, algo que a la fecha no se ha podido hacer. Incluso la Sala de lo Constitucional, amparó a 13 empleados que fueron despedidos y ordena su reinstalo.

El Gobierno le ha apostado a la seguridad pública, pero necesita fondos para financiar los planes “y la situación de El Salvador no da la talla para los desafíos que se tienen y para  financiar el Plan de Control Territorial se requiere de deuda pública”.

En términos generales, no se ha visto una visión completa de cuáles serán las prioridades en lo económico y fiscal ni tampoco se pueden notar resultados.

Castaneda explicó que la situación económica del país arrastra problemas estructurales, ejemplo de ello es que en las últimas dos décadas el país solo ha crecido el 2% en relación al PIB. Es la nación que menos ha crecido en la región centroamericana; por si fuera poco, el modelo económico lo que genera son niveles altos de pobreza (2.6 millones de salvadoreños están en situación de pobreza). De igual manera propicia desigualdad y  exclusión y atenta contra el medio ambiente.

Muchos de los anuncios que se han hecho, van en el sentido de facilitar la inversión privada para propiciar un crecimiento, pero lo que el país necesita no es una estrategia de crecimiento económico, lo que le hace falta es una estrategia de desarrollo que es diferente, porque no solo se ven los aspectos económicos, también se incluyen aspectos sociales y ambientales.

El economista Francisco Lazo, señaló que la situación económica del país es tan compleja que los resultados no se verán de la noche a la mañana. Será cuando se presente el proyecto de presupuesto 2020 en donde se sabrá cuáles son las prioridades del Gobierno y del gasto público.

Con base a la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Ejecutivo debe presentar en los primeros 90 días, las bases de la política fiscal de su administración, como promover el crecimiento económico, gestionar de mejor manera el gasto público, mejorar la recaudación fiscal y deuda pública.

Todavía es muy prematuro si se van a cumplir estos desafíos y como revierte los aspectos estructurales de los ingresos y gasto que no han permitido mejorar las condiciones de vida de las personas.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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