Era la época en que la educación pública universitaria estaba comenzando a ser desplazadas por instituciones privadas, en algunos de los países centroamericanos. Existía una ONG formada por todas las universidades públicas de Centroamérica que tenía como objetivo desarrollar la investigación en ciencias sociales en la región; había sido creada hacía más de quince años y había logrado obtener el apoyo académico y financiero de varios organismos de cooperación internacional, haciendo que su presupuesto creciera a varios millones de dólares.
El Rector de la Universidad del Salvador había sido nombrado presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), máximo organismo de toma de decisiones de la ONG mencionada; preocupado por la existencia de varios indicios de que la ONG posiblemente había sido víctima de la codicia de los funcionarios que ocupaban las posiciones ejecutivas de ella, me encargó que dirigiera un equipo de auditores de las universidades miembros, para que investigara las operaciones financieras realizadas por la ONG en los últimos tres años; obtuvo el acuerdo correspondiente del CSUCA y nos dedicamos durante un mes a la tarea encomendada en la sede de la ONG en San José, Costa Rica.
El director de la ONGs nos proporcionó la sala de sesiones de la institución, la documentación financiera correspondiente y apoyo secretarial; nos pusimos en comunicación con la empresa de servicios contables que había procesado los datos, así como con el auditor externo de la ONG.
A las dos semanas habíamos analizado los estados financieros y revisado la documentación de respaldo de las operaciones realizadas, encontrando que todo se había realizado cumpliendo las reglas contables y los estados financieros no mostraban indicios de la existencia de un desfalco (acto en el que uno o más individuos se apropian indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón de un cargo). El equipo de auditores sostenía que habíamos cumplido la tarea, que elaboráramos un informe de auditoría declarando de que todo estaba bien.
Conversé unos minutos con cada auditor para que me contara que es lo que le había llamado la atención de todo el trabajo realizado, aunque no fuera una anomalía; seleccionando tres asuntos que expuse a todo el equipo: todo estaba demasiado bien hecho, tomando en cuenta nuestras experiencias en nuestro trabajo de auditoría que realizábamos en cada una de las universidades; en los cuatro años analizados siempre faltaban tres o cuatro comprobantes de cheques anulados, no obstante que en el informe a la gerencia el auditor lo había hecho ver en los cuatro años analizados; al personal ejecutivo de la institución no le preocupaba que los organismos internacionales pudieran dejar de financiar los proyectos que la ONG gestionaba todos los años; los altos salarios que devengaban los ejecutivos de la ONG, los frecuentes viajes al resto de América y Europa financiados por la ONG sin tener una finalidad de gestión de proyectos o intercambio de experiencias académicas. Cada uno de los aspectos analizados, los cuales se encontraban afuera de nuestras atribuciones como auditores financieros tenían posibles justificaciones que confirmamos en conversaciones con algunos ejecutivos de la ONG.
Al día siguiente, decidimos ver si los salarios pagados por la ONG tenían un respaldo financiero en los presupuestos de los proyectos financiados por la cooperación internacional y los aportes financieros de las universidades miembros, resultando una diferencia significativa anual, que al acumularse por varios años resultaba ser de millones de dólares. Esto significaba que los rectores tenían razón de creer que había algo extraño en las finanzas de la institución.
Dos de los auditores expusieron con toda razón que nuestra tarea como auditores financieros ya se había completado (varias semanas después nos dimos cuenta que el director de la institución les había pagado viáticos, no obstante que en el acuerdo del CSUCA se había dejado claro que cada universidad pagaría los viáticos de cada uno de los auditores).
Tres de los auditores continuamos investigando el asunto de la falta de los comprobantes de unos pocos cheques anulados, después de un mes y medio descubrimos que la ONG recibía cheques por sumas cuantiosas provenientes de bancos de algunos países del caribe (identificados como paraísos fiscales), comprobamos con las agencias de cooperación y ninguna de ellas había hecho remesas por intermedio de esos bancos. Luego descubrimos que varios cheques enviados por las agencias de cooperación habían sido depositados en alguno de esos bancos.
Nos costó entender cómo es que ambas situaciones estaban relacionadas, hasta que conversamos con la persona encargada de depositar los cheques de la cooperación internacional, resultando que los entregaba a una empresa privada, que posiblemente le prestaba dinero a la ONG, en los montos que normalmente las organizaciones de cooperación remesaban y que aparecía contabilizado como si provenía de esas organizaciones.
Conscientes que habíamos sobrepasado los límites de una auditoría financiera, presentamos un informe de auditoría, agregando estos otros antecedentes; el CSUCA aprobó que se presentara una denuncia ante la Fiscalía de Costa Rica; el juicio duró aproximadamente dos años, pero el juez consignó que la Fiscalía no había logrado presentar pruebas consistentes de los posibles delitos cometidos.
