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miércoles, 28 de julio del 2021

Desaparecidos en El Salvador: misma historia, diferentes culpables

El Estado tiene una deuda pendiente con los desaparecidos en la guerra y con aquellos de los que no se supo más a causa de la violencia actual

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Tras 26 años de paz, el fenómeno de las desapariciones en El Salvador no finalizó con los Acuerdos firmados en Chapultepec en 1992. Este hecho, que indicó el fin del conflicto armado, trazó el inicio de un ciclo de impunidad que permea a la sociedad actual.

La lucha de todos los familiares de personas desaparecidas durante y después de la guerra civil tiene un denominador común: perdura en el tiempo. Si bien existen varias organizaciones cuya función es localizar personas desaparecidas, estos casos dependen mucho de la respuesta que den las autoridades para la búsqueda de las ví­ctimas.

La Comisión de la Verdad documentó cinco mil desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 1992. Muchas organizaciones de derechos humanos estiman que, durante el conflicto armado, la cifra de desaparecidos puede sobrepasar las 10 mil personas.

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Las cifras más recientes de desapariciones en el paí­s superan por mucho los datos oficiales de desaparecidos en la guerra. Los reportes no reflejan los muchos casos que no son denunciados por temor de los familiares de las ví­ctimas y no llegan a los registros de la Fiscalí­a General de la República (FGR) o la Policí­a Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con los datos de la Fiscalí­a, las denuncias por personas desaparecidas pasaron de 1,845 casos en 2014 a más de 3,600 en 2017. En 2016, uno de los años con mayor número de denuncias, hubo 3,859 casos contabilizados. En estos tres años, se estima que desaparecieron más de 9,300 personas. Un número que casi dobla la cifra de la ONU durante los 12 años de guerra salvadoreña.

Eduardo Garcí­a, director de la Asociación Pro-Búsqueda, asevera que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia que exigen las personas con familiares desaparecidos. De lo contrario, estos casos pueden seguir acumulándose y terminan en la pila de los muchos que están en fila de ser investigados.

De acuerdo con el director de Pro-Búsqueda, sin duda alguna, hay un patrón repetitivo entre los desaparecidos en la guerra y aquellos de los que no se supo más a causa de la violencia actual. “El reflejo que ahora tenemos de la sociedad es el reflejo de una historia que se vuelve a repetir con diferentes autores”, mencionó.

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La asociación registra 443 casos resueltos de niños desaparecidos en la guerra civil y, posteriormente, reencontrados con sus familiares. Sin embargo, los muchos casos que quedan en la impunidad, según Garcí­a, “son el reflejo de un Estado débil en su conjunto”.

La Ley de Amnistí­a, aprobada en 1993, garantizó impunidad a los agresores de derechos humanos durante el conflicto armado. Se observó un destello de justicia cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal dicha ley en julio de 2016.

Sin embargo, después de dos años de la emisión de esta sentencia, la misma Sala declaró que los Órganos Ejecutivo y Legislativo, así­ como la Fiscalí­a, no acataron sus obligaciones en el tema.

La  falta de la voluntad de las autoridades ante la investigación, judicialización y sanción de los autores de las desapariciones y otros crí­menes de guerra está cobrando factura en la actualidad, según analistas. Pues, así­ como menciona el director de Pro-Búsqueda, “cuando no se sanciona a las personas que realizan los crí­menes, se le manda un mensaje equivocado a la ciudadaní­a”.

Las privaciones de libertad a  consecuencia de la violencia y el crimen en El Salvador siguen el modelo de aquellas realizadas en el conflicto armado. En la actualidad, persisten las desapariciones de los jóvenes menores de 29 años y de personas de la clase trabajadora, sobre todo de aquellas que residen en sectores y zonas de alto riesgo.

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Las  desapariciones deben ser consideradas como un tema de trascendencia nacional, según el criminólogo Ricardo Sosa. “Este es el nuevo drama humano de la sociedad salvadoreña y de la presente década”, dijo el consultor en temas de seguridad.

Tras 26 años de la firma de los Acuerdos de Paz, lo único que ha cambiado en los casos de desaparecidos son los responsables de ejecutarlos, explicó. Los primeros generadores de desapariciones forzadas, en este momento, son los grupos de pandillas.

“Sin duda, en estos casos también pueden estar involucrados actores del crimen organizado que, de alguna manera, pudieran estar generando negocios ilí­citos como el tráfico y comercio de  personas y de órganos”, aclaró Sosa.

Las  familias de las personas desaparecidas son los que se llevan la peor parte. De acuerdo con el especialista en seguridad, los familiares deberí­an recibir atención psicológica para sobrellevar la pérdida de la ví­ctima, aparte de contar con los procesos de búsqueda por parte de las autoridades.

Sosa explica que los familiares deben contemplar las razones de la desaparición, desde que esta se efectúa. “Es importante conocer la situación legal de la ví­ctima. Hay desapariciones relacionadas con temas de herencias, deudas, seguros y bienes que no pueden ser transferidos mientras la persona esté viva”, expresó.

La  voluntad de los Órganos del Estado de evitar que estos crí­menes sigan replicándose, superar la impunidad que los ha caracterizado y la falta de una legislación que sancione las desapariciones producto de la violencia social son los principales desafí­os para resolver este tipo de  casos en el paí­s.

Para garantizar el fortalecimiento del Estado de derecho en El Salvador, es necesario que se cierren los ciclos de dolor causados por las desapariciones forzadas realizadas durante y después de la guerra. Garantizar el derecho a una pronta y eficaz investigación puede abonar, en gran manera, a la resolución de muchos de  estos casos.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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