Tras 26 años de paz, el fenómeno de las desapariciones en El Salvador no finalizó con los Acuerdos firmados en Chapultepec en 1992. Este hecho, que indicó el fin del conflicto armado, trazó el inicio de un ciclo de impunidad que permea a la sociedad actual.
La lucha de todos los familiares de personas desaparecidas durante y después de la guerra civil tiene un denominador común: perdura en el tiempo. Si bien existen varias organizaciones cuya función es localizar personas desaparecidas, estos casos dependen mucho de la respuesta que den las autoridades para la búsqueda de las víctimas.
La Comisión de la Verdad documentó cinco mil desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 1992. Muchas organizaciones de derechos humanos estiman que, durante el conflicto armado, la cifra de desaparecidos puede sobrepasar las 10 mil personas.
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Las cifras más recientes de desapariciones en el país superan por mucho los datos oficiales de desaparecidos en la guerra. Los reportes no reflejan los muchos casos que no son denunciados por temor de los familiares de las víctimas y no llegan a los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) o la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, las denuncias por personas desaparecidas pasaron de 1,845 casos en 2014 a más de 3,600 en 2017. En 2016, uno de los años con mayor número de denuncias, hubo 3,859 casos contabilizados. En estos tres años, se estima que desaparecieron más de 9,300 personas. Un número que casi dobla la cifra de la ONU durante los 12 años de guerra salvadoreña.
Eduardo García, director de la Asociación Pro-Búsqueda, asevera que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia que exigen las personas con familiares desaparecidos. De lo contrario, estos casos pueden seguir acumulándose y terminan en la pila de los muchos que están en fila de ser investigados.
De acuerdo con el director de Pro-Búsqueda, sin duda alguna, hay un patrón repetitivo entre los desaparecidos en la guerra y aquellos de los que no se supo más a causa de la violencia actual. “El reflejo que ahora tenemos de la sociedad es el reflejo de una historia que se vuelve a repetir con diferentes autores”, mencionó.
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La asociación registra 443 casos resueltos de niños desaparecidos en la guerra civil y, posteriormente, reencontrados con sus familiares. Sin embargo, los muchos casos que quedan en la impunidad, según García, “son el reflejo de un Estado débil en su conjunto”.
La Ley de Amnistía, aprobada en 1993, garantizó impunidad a los agresores de derechos humanos durante el conflicto armado. Se observó un destello de justicia cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal dicha ley en julio de 2016.
Sin embargo, después de dos años de la emisión de esta sentencia, la misma Sala declaró que los Órganos Ejecutivo y Legislativo, así como la Fiscalía, no acataron sus obligaciones en el tema.
La falta de la voluntad de las autoridades ante la investigación, judicialización y sanción de los autores de las desapariciones y otros crímenes de guerra está cobrando factura en la actualidad, según analistas. Pues, así como menciona el director de Pro-Búsqueda, “cuando no se sanciona a las personas que realizan los crímenes, se le manda un mensaje equivocado a la ciudadanía”.
Las privaciones de libertad a consecuencia de la violencia y el crimen en El Salvador siguen el modelo de aquellas realizadas en el conflicto armado. En la actualidad, persisten las desapariciones de los jóvenes menores de 29 años y de personas de la clase trabajadora, sobre todo de aquellas que residen en sectores y zonas de alto riesgo.
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Las desapariciones deben ser consideradas como un tema de trascendencia nacional, según el criminólogo Ricardo Sosa. “Este es el nuevo drama humano de la sociedad salvadoreña y de la presente década”, dijo el consultor en temas de seguridad.
Tras 26 años de la firma de los Acuerdos de Paz, lo único que ha cambiado en los casos de desaparecidos son los responsables de ejecutarlos, explicó. Los primeros generadores de desapariciones forzadas, en este momento, son los grupos de pandillas.
“Sin duda, en estos casos también pueden estar involucrados actores del crimen organizado que, de alguna manera, pudieran estar generando negocios ilícitos como el tráfico y comercio de personas y de órganos”, aclaró Sosa.
Las familias de las personas desaparecidas son los que se llevan la peor parte. De acuerdo con el especialista en seguridad, los familiares deberían recibir atención psicológica para sobrellevar la pérdida de la víctima, aparte de contar con los procesos de búsqueda por parte de las autoridades.
Sosa explica que los familiares deben contemplar las razones de la desaparición, desde que esta se efectúa. “Es importante conocer la situación legal de la víctima. Hay desapariciones relacionadas con temas de herencias, deudas, seguros y bienes que no pueden ser transferidos mientras la persona esté viva”, expresó.
La voluntad de los Órganos del Estado de evitar que estos crímenes sigan replicándose, superar la impunidad que los ha caracterizado y la falta de una legislación que sancione las desapariciones producto de la violencia social son los principales desafíos para resolver este tipo de casos en el país.
Para garantizar el fortalecimiento del Estado de derecho en El Salvador, es necesario que se cierren los ciclos de dolor causados por las desapariciones forzadas realizadas durante y después de la guerra. Garantizar el derecho a una pronta y eficaz investigación puede abonar, en gran manera, a la resolución de muchos de estos casos.
