El 16 de enero de 1992 constituye una fecha parteaguas en la historia de El Salvador, pues no solo significó finalizar el conflicto armado interno, sino que además implicó dar paso a una nueva etapa de vida política, con cambios al sistema y régimen político, participación política plural y nuevas instituciones que le darían vida a esta nueva etapa en la historia de El Salvador.
Firmar la paz tenía otros alcances, específicamente en lo relativo al rol de la Fuerza Armada en tiempos de paz, y también al nuevo cuerpo a cargo de brindar seguridad a la población dándole vida al mismo y que sustituiría a la vieja Guardia Nacional y a la Policía de Hacienda, caracterizadas por ser violatorias de Derechos Humanos y hacer un uso excesivo de poder: La nueva Policía Nacional Civil, cuyas funciones se encuentran delimitadas en el artículo 159 de la Constitución de la República y en una ley específica; pero cuya doctrina se encuentra en el Capítulo II de los Acuerdos de Paz. Desde la llegada al ejecutivo del FMLN en 2009, el tema de la seguridad pública ha estado en la agenda política de los tomadores de decisión; no solo porque el problema se ha salido de las manos de las autoridades, sino además porque el mismo es usado con fines electorales.
Firmada la Paz en El Salvador, las nuevas autoridades encargadas de la seguridad pública, se enfrentaron a un escenario retador con un crisol de problemas, sobre todo aquellos generados por el fenómeno de las pandillas que han ido evolucionando y su extinción pareciera algo lejano, todavía. Un elemento importante a destacar es que la mayoría de los asesinatos cometidos durante el gobierno de Sánchez Cerén ha sido en perjuicio de población joven. De acuerdo a un informe del Servicio Social Pasionista [1] para el año 2016 el número de jóvenes asesinados fue de 1864 entre 18 y 29 años, el aumento de batallones de combate al crimen organizado ha sido paralelo al aumento de homicidios en El Salvador. Estos Juvenicidios, constituyen el 52.3% de los homicidios en el país, juvenicidio no solo implica el asesinato como tal, sino también tiene de fondo las condiciones de vida, y en este punto existe un componente de clase social, pues la mayoría de estos jóvenes, no solamente son “jóvenes”, sino también pobres.
La PNC, no solo no ha cumplido con su mística institucional, sino que ha pasado a abusar de la autoridad que ha sido investida. Pareciera que el gobierno se ha convertido en una suerte de ajusticiador. De ahí que no resulta extraño que en 2016, se haya dado, el caso de la detención de la defensora del medio ambiente Wendy, o la captura de Daniel Alemán, a quien se le imputa un delito que no cometió. Veinticinco años después es necesario reconocer que la reforma más esperanzadora de los Acuerdos de Paz no se consiguió y hemos fracasado. Es momento que la PNC desaparezca y se establezca un nuevo cuerpo de seguridad pública que combata el crimen y que sea respetuoso de los Derechos Humanos, pero cuyas condiciones de trabajo sean dignas, incluyendo salarios, prestaciones y equipo de trabajo.
Igual que Wendy, seguramente Daniel saldrá libre, pero ¿Quién le devuelve la dignidad? ¿Quién le devuelve el tiempo perdido? ¿Quién le reparará del trauma de haber estado en prisión por un crimen que no ha cometido? ¿Quién le devuelve su reputación? ¿Quién le devuelve las ganas de ser joven y soñar? ¡¿Quién?!
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