Cuando en enero el COVID19 comenzó a arrebatar la atención global en razón de sus efectos, y como consecuencia del impacto que en la memoria aún provoca la gripe aviar, la porcina y algotra yerba que también surgiera en las últimas décadas, no fue capaz de provocar entonces los efectos que ahora descubrimos y que patentizan con crudeza, explotando en nuestros rostros la realidad del virus, con los costes que ello implica en vidas humanas.
Podemos citar por ejemplo la desinformación que ahora emerge por doquier y en las redes sociales en particular, donde toda suerte de bulos se propaga con absoluto desprecio de la verdad, o de los efectos que ella tenga en la moral pública.
Un crudo ejemplo, es lo que pudimos apreciar en Planes de Renderos, donde algunas personas se apersonaron a la vivienda de cinco elementos de la comunidad del hospital Saldaña, urgiéndolos a abandonar la misma por la “amenaza que su presencia significa para la comunidad”, acusándolos de ser potenciales portadores y difusores del mal, lo que provocara la intervención de la PNC para asegurar la protección de estos, mientras la comprensible retirada estimula la intolerancia reductivista de las personas comunes, consecuente con la intolerancia institucionalizada, que peor aún, es estimulada y reforzada desde el ejecutivo, que se erige por los mismos medios, como la salvadora última de la situación, con la que los salvadoreños debemos sentirnos agradecidos, sin importar los atropellos a la institucionalidad que ello suponga, con sus trolls y demás incondicionales realizando el trabajo sucio, procurando así intimidar a quienes supongan un obstáculo a la labor del ejecutivo.
El hecho que distingue esta aseveración lo constituye la propia amenaza del ejecutivo de desconocer a la Sala de lo Constitucional, negándose a acatarla, rechazándola, alegando a la vez que se contradice, que su compromiso de cumplir con el mandato constitucional no será una suerte de cheque en blanco que legitime la muerte de salvadoreños por su inacción.
Y es que éste manifiesto olvida que fuera el propio ejecutivo quién promoviera los recortes presupuestarios de hasta un 50% en el tema social (incluida salud) lo que lo ubica como responsable último de la situación en la que el sistema sanitario se encontrara al asumir la crisis, al margen de cualquier medida que se tomara entonces, si bien ninguna nación se encontraba lista, lo que no justifica el no haber preparado un plan contingencial en razón de las experiencias citadas al inicio del presente artículo, y que ya la OMS anticipara desde inicios del presente siglo.
Dicho de otro modo, al estrés que supone lidiar con el virus, también se imponen las dinámicas puramente humanas que se desprendan de ella, y que para el caso particular salvadoreño implica también la herencia autoritaria y sus efectos político, social y económico que tanto han lesionado a nuestro país, y que agudizará la situación en tanto el ejecutivo se aparte de la institucionalidad, y su mal ejemplo se extienda socialmente, como otro virus con el que lidiar también.
